Si algo distingue a Amnistía Internacional es la defensa de los derechos humanos, y, de acuerdo con la organización, también los derechos de los trabajadores sexuales deben ser reconocidos y protegidos por la ley.
Tras una votación interna de la organización realizada el martes en Dublín, refrendó un plan de respaldo a la despenalización de leyes sobre trabajo sexual consentido. La despenalización del trabajo sexual significa que los trabajadores y las trabajadoras sexuales ya no infringen la ley por realizar trabajo sexual, al no estar fuera de la ley, hay un mayor espacio para proteger sus derechos humanos.
Our proposed policy on protecting #HumanRights of sex workers – here's what you need to know: http://t.co/FKxExT5hTP pic.twitter.com/mRVWLD7AyA
— Amnesty International USA (@amnestyusa) August 11, 2015
Con esto, Amnistía Internacional intentará generar presión sobre los gobiernos para que no se castigue a millones de trabajadores sexuales en todo el mundo. Ahora elaborarán una política para proteger los derechos humanos de los trabajadores y las trabajadoras sexuales que será discutida en octubre.
Aunque hay algunos aplauden la iniciativa, la organización ha sido severamente criticada por esta decisión, principalmente por activistas de los derechos de las mujeres y estrellas de Hollywood con el hashtag: #NoAmnesty4Pimps, los cuales argumentan que esta medida protege a los proxenetas.
Pensando seriamente darme de baja de @amnistiaespana por grandes discrepancias ideológicas #ICM2015 #NoAmnesty4Pimps pic.twitter.com/gdNPtFDSNP
— Lourdes Nuez (@Canariona73) August 8, 2015
¿Cuál es el argumento de la organización?
Dada su condición vulnerable, los trabajadores y las trabajadoras sexuales sufren abusos: violación, palizas, trata, extorsión, intervenciones médicas forzosas y discriminación, como la exclusión de servicios de salud. En muchos casos, estos abusos y violaciones de derechos humanos son perpetrados por la policía, por clientes y por terceras partes.
Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional, indicó que
“Las trabajadoras sexuales son uno de los grupos más marginados en el mundo, que en muchas instancias sufren el riesgo constante de la discriminación, la violencia y el abuso”.
Para la organización, con la aplicación de las leyes contra el abuso y la explotación, se obtienen condiciones de trabajo seguras, por lo que se espera que exista una mayor probabilidad de denunciar el abuso, la violencia de la policía, las palizas, el arresto arbitrario, la extorsión, el acoso, además de tener estándares básicos de sanidad y políticas de prevención de la salud.
¿Qué dicen los que están en contra?
Cuando se filtró un borrador de la propuesta sobre la despenalización de “todos los aspectos del trabajo sexual” que sería discutida en la reunión anual de Amnistía Internacional en Dublín, desde el ex presidente Jimmy Carter, las actrices Lena Dunham, Meryl Streep, Anne Hathaway, Kate Winslet y Gloria Steinem hasta las periodistas Lydia Cacho y la activista Teresa Ulloa, entre otras personas, firmaron una carta alegando que los lugares en los que se ha intentado despenalizar el trabajo sexual han obtenido resultados catastróficos y que la política de la organización se ponía de lado de la industria sexual.
I support Amnesty's mission, but I do not believe their proposal protects the exploited or properly punishes the exploiters.
— Lena Dunham (@lenadunham) August 7, 2015
¿En dónde se ha despenalizado?
Amnistía dice que tomó la decisión después de dos años de investigaciones realizadas en Argentina, Hong Kong, Noruega y Papúa Nueva Guinea. Sin embargo, en cada país, los resultados han sido distintos.
Mientras que en Australia, desde que se despenalizó la prostitución, las trabajadoras sexuales tienen exámenes médicos gratuitos, recordatorios de sus derechos como trabajadores, seguridad social, la protección de su identidad y la facilidad de agendar citas legalmente, con lo que se genera una red de seguridad para aquellos que son víctimas de delitos o de alguna actividad criminal.
En Alemania y Países Bajos, por el contrario, el resultado no fue el esperado, desde la reforma de 2002 la gente se queja de que no existe una aplicación adecuada de la ley actual sobre el trabajo sexual, además de que tienen altos índices de trata de personas.
Otro ejemplo es el modelo nórdico, que aunque despenaliza la actividad de los trabajadores y las trabajadoras sexuales, criminaliza la compra de sexo, para Amnistía Internacional este modelo no funciona porque los trabajadores corren más riesgos para proteger a sus clientes y evitar que sean detectados por la policía, así que habitualmente los visitan en sus casas sin tener la certeza de lo que les espera.
¿Es lo mismo trata de personas que el trabajo sexual?
Una cosa es el trabajo sexual y otra cosa la trata. El Protocolo contra la Trata de la ONU, la define como los casos en los que una persona que ha sido sometida a alguno de los medios coercitivos (“amenazas, uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de una situación de vulnerabilidad “) posteriormente gana dinero con el comercio sexual para alguien que no sean ellos mismos.
Amnistía Internacional condena enérgicamente todas las formas de trata de personas, incluida la trata con fines de explotación sexual.
“Es aborrecible en todas sus formas, incluida la explotación sexual, y debería ser criminalizado como un tema de derecho internacional”.
No es lo mismo los que ejercen libremente y los que sufren de explotación sexual. La explotación sexual afecta a hombres, mujeres, niñas y niños y es una forma de esclavitud, en cambio, el servicio erótico y sexual es algo que se puede ejercer con completa libertad individual.
¿Qué dicen los que están a favor?
Argumentan que alguien que defiende los derechos no les indica qué hacer o qué no hacer con sus cuerpos. Que esta medida permite que las personas que se dedican al trabajo sexual mejoren su situación laboral: que cuenten con servicios de salud, derecho a la seguridad, a la sanidad, a no estar sometidos al tráfico o la explotación y que puedan denunciar sin ser violentadas.
Consideran que la ilegalidad de la actividad es una manera de criminalizar a las personas que se dedican al trabajo sexual, porque eso las orilla a esconderse, lo que las deja en una situación de vulnerabilidad.
Según ellos, cuando el trabajo sexual se despenaliza, los trabajadores y las trabajadoras sexuales son más capaces de trabajar juntos y reclamar sus derechos e identificar a los autores de trata.
¿Es la primera organización que busca despenalizar el trabajo sexual?
Aunque parezca muy progre, no es una postura original, otras organizaciones se han pronunciado al respecto como ONUSIDA, la OMS, ONU Mujeres, la Alianza Global contra la Trata de Mujeres (GAATW), Human Rights Watch y Open Society también apoyan la despenalización del trabajo sexual porque lo ven como una manera de disminuir el tráfico de personas, la violencia sexual y la explotación de menores.
Algunas organizaciones, como la Alianza Global contra la Trata de Mujeres, Anti-Slavery International y la Organización Internacional del Trabajo, están de acuerdo en que la despenalización puede desempeñar un papel positivo.
El tráfico de personas es el resultado de múltiples factores que promueven la vulnerabilidad, como: la coacción, la falta de un empleo remunerado en determinados países, la corrupción policial y controles fronterizos inadecuados, políticas severas contra la movilidad de migrantes que provocan un red clandestina de traficantes y contrabandistas.
Nuestras dudas
Para todos es claro que el gobierno debe de buscar la manera de garantizar el acceso a otro tipo de trabajos a sus ciudadanos, pero esto no significa que se deba denigrar y desconocer esta realidad, en lugar de ignorar las cosas hay que pasar a regularlas y continuar con otro tipo de políticas de prevención.
Más allá de la polémica que el tema pueda generar, Amnistía Internacional debe resolver: ¿Cómo piensa la organización implementar esta postura en contextos tan diversos como el caso de México? ¿Cómo garantizar que esta regulación favorezca a las personas que se dedican al trabajo sexual y no a las autoridades coludidas con tratantes? Si realmente buscan reconocerlo como una actividad laboral ¿Promoverán la creación centros educativos para la profesionalización del trabajo sexual o de bolsas de trabajo? ¿Por qué priorizar un tema tan polémico sin resolver primero la lista de pendientes por los que se han pronunciado Amnistía Internacional anteriormente?
