El documental Presunto culpable fue exhibido en el Juzgado 18 de lo Civil durante la audiencia para el desahogo de pruebas por el juicio que actualmente enfrentan los realizadores fílmicos Layda Negrete y Roberto Hernández.
Hemos estado siguiendo el juicio que enfrentan los realizadores de Presunto Culpable, recordemos el caso, en julio, Layda Negrete y Roberto Hernández, productora y director del documental “Presunto Culpable”, recibieron un fallo por parte de la juez 17 de lo Civil respecto a un supuesto daño moral en contra de dos personajes que aparecieron en la polémica cinta sin dar su consentimiento, la sanción: el pago de 3 mil millones de pesos.
Este dineral servirá para resarcir el daño causado a los demandantes Manuel Ortega Saavedra, ex comandante de la Policía Judicial y quien detuvo a Antonio Zúñiga, el personaje central del documental. Además de Víctor Reyes Bravo, cuyo testimonio sirvió para encarcelar a Zúñiga,
De acuerdo con el realizador detrás de la demanda por tres mil millones de pesos hay una venganza por haber exhibido los vicios del sistema judicial del Distrito Federal en Presunto culpable.
No dudo que detrás de esto se encuentre el presidente del TSJDF, Édgar Elías Azar. Es la mano que mece la cuna”, apuntó Hernández tras la proyección a la cual asistieron periodistas como Carmen Aristegui y Denisse Maerker, a quienes designaron como sus representantes para acceder al expediente.
Realizado en 2011, Presunto culpable documenta la historia de Toño Zúñiga, joven injustamente condenado a 20 años de prisión por asesinato.
“Litigamos contra quienes robaron su libertad a Toño Zúñiga. Desde marzo del 2011, a la fecha, no hay una sola sentencia en nuestra contra. El juicio largo, ineficiente y absurdo es el dique que la autoridad opone para que nadie más se atreva a cuestionarla. El proceso mismo es el castigo. Litigamos por nuestro derecho a la libertad de expresión”, recalcó el realizador Hernández.
Las primeras diligencias, se desarrollaron a puerta cerrada, lo que permitió a los demandados alegar que con la conducta de los juzgadores del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) estaban tomando represalias por haber sido exhibidos en sus malas prácticas en el documental.
Recordemos que los realizadores enfrentan un juicio por el supuesto daño moral que les causó a tres personas exhibir imágenes sin su consentimiento, por lo que solicitan la reparación del daño que originó la puesta del documental. Las tres demandas civiles fueron interpuestas por: José Manuel Ortega Saavedra, el policía judicial que detuvo a Toño Zúñiga. Víctor Daniel Reyes, testigo que acusó falsamente a Toño Zúñiga, y la familia Reyes, quien reclama a los directores que su documental exhibe la fotografía del cadáver del joven Juan Carlos Reyes Pacheco (tomada por peritos de la PGJDF).
En lugar de preguntarse cómo es que Toño Zúñiga llegó a la cárcel siendo inocente, prefirieron negar su inocencia. En lugar de disculparse con Toño por hacerlo perder años de su vida, las autoridades prefirieron desacreditar la película y usarla políticamente.
“Mientras tanto, gracias a que tenemos un Poder Judicial que falla como mecanismo de rendición de cuentas, México sigue teniendo policías con armas pero que carecen de reglas. Policías que tienen órdenes pero que carecen de leyes. Policías con patrullas y uniformes pero ninguneados por el Ministerio Público que los comanda. Y defensores anémicos incapaces de hacer rendir cuentas a la policías y fiscales que arrestan sin pruebas y que obtienen condenas sin haya jueces en los juicios. No descansaremos hasta que esa realidad cambie.”
Al final de la audiencia, el realizador del documental, Roberto Hernández mostró cierto desencanto:
“Lo que resta es esperar la sentencia, pero la expectativa no es positiva. La pretensión de estas demandas por 3 mil millones de pesos es mandar una señal de quien se atreva a hacer este tipo de documentales no saldrá bien librado… Tienen ganas de matar al mensajero”.
Adelantó que al haber un fallo en su contra enviaría una queja ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, para evidenciar a nivel internacional los problemas que enfrenta el Poder Judicial en nuestro país.
