No tiene mucho que AMLO y la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, presentaron el plan para proteger de la violencia a candidatos y candidatas rumbo a las elecciones del 6 de junio, de hecho, eso sucedió el 4 de marzo. En la mañanera de este viernes 12, el presidente explicó cómo funcionará esta estrategia.
Además, AMLO aprovechó para dar un breve resumen de los primeros monitoreos hechos por el gobierno Federal para detectar casos de violencia contra los candidatos y las candidatas.
Así protegerán de la violencia a candidatos y candidatas en las elecciones
De acuerdo con el gobierno de AMLO, en 2018 se registraron más de 150 asesinatos políticos y debido a que este proceso electoral es considerado como el más complejo y grande de la historia, según el INE (Instituto Nacional Electoral), las autoridades decidieron que blindarán a los candidatos y las candidatas para evitar que el escenario de 2018 se repita.
Y lo más importante, que el crimen organizado no intimide, ni cobre la vida de los candidatos y las candidatas.
¿Cómo lo harán?
AMLO explicó que el protocolo es sencillo e inicia desde el momento en que el candidato o la candidata presenta una denuncia.
Con una carpeta de investigación —que sería el primer paso de este proceso—, la denuncia es atendida en una Mesa de Estrategia, que estará presente en los 32 estados del país y estará integrada ya sea por los gobernadores, gobernadoras o los secretarios de gobierno, los fiscales estatales y los jefes de zona de la región militar o naval, un jefe de la Guardia Nacional entre otros funcionarios locales.
El tercer paso de este protocolo de atención es que los casos, una vez canalizados a la Mesa de Estrategia, serán analizados y de ahí, se diseñará un plan de atención individual.
Luego, el gobierno implementará las recomendaciones para cada caso —que va desde la protección del candidato o la candidata hasta el monitoreo—, realizará un seguimiento y reporte diario.
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Se supone que esta labor será de los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal, mediante las autoridades ministeriales, para llegar a las zonas más apartadas y con alta incidencia delictiva.
El 4 de marzo, Rosa Icela Rodríguez explicó que este protocolo está especializado según el nivel de violencia política, incidencia delictiva y riesgos para las elecciones.
¿Y el Gabinete de Seguridad?
Se supone que todos los reportes llegarán al Gabinete de Seguridad para detectar qué zonas o regiones necesitan más apoyo en cuanto a seguridad.
Aquella vez —4 de marzo— Rosa Icela Rodríguez dio a conocer que de septiembre de 2020 a febrero de 2021 se registraron 73 delitos relacionados con asuntos políticos, dejando como saldo el asesinato de 64 personas.
Por su parte, Integralia contabilizó 90 incidentes de violencia política con 108 víctimas—de septiembre de 2020 a febrero de 2021—, 75 personas fueron asesinadas y el resto resultaron heridas.
Así los preparativos para blindar la seguridad de los y las participantes en las elecciones del 6 de junio, fecha en que se renovarán más de 21 mil cargos de elección popular, entre ellos 15 gubernaturas, los 500 diputados y diputadas de San Lázaro, mil 63 diputaciones en 30 congresos locales y mil 926 ayuntamientos.
