Bajo el argumento de que es contraria a la Constitución, procuradores y fiscales de la República se pronunciaron en contra de la orden del Poder Judicial de la Federación (PJF) para crear una Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa.
Durante la XXXIX asamblea de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, los procuradores también alegaron que el tribunal colegiado que hizo el ordenamiento no tiene las facultades necesarias para andar solicitando ese tipo de comisiones… así que no sólo está mal su orden, sino que excede sus atribuciones.
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— La Jornada (@lajornadaonline) 22 de junio de 2018
El rechazo a la Comisión de la Verdad para el caso que aborda la desaparición de los 43 normalistas no fue nomás dicha al aire. Los 32 procuradores y fiscales del país aprobaron un pronunciamiento colectivo de rechazo al ordenamiento, con lo cual también se oponen a la reposición de la investigación del caso Ayotzinapa.
El pronunciamiento lo que hace ver es eso, precisamente un exceso del Tribunal Colegiado en la resolución que dictó, en función de lo que acabo de mencionar. Un tribunal colegiado no tiene facultades constitucionales para ordenar la creación de una comisión de justicia y de verdad”, señaló Alejandro Gómez Sánchez, procurador del Estado de México, para luego agregar que, en caso de atenderse la orden, se afectaría todo el orden jurídico constitucional.
De acuerdo con el pronunciamiento unánime de los procuradores, la resolución del Primer Tribunal Colegiado Penal de Tamaulipas vulnera el principio de supremacía constitucional, el de reserva de ley, así como el principio de separación de poderes.
Hace unas semanas, el mencionado tribunal tamaulipeco amparó a cuatro de los presuntos responsables del asesinato y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Además de ordenar reponer la investigación del caso, también solicitó la creación de una Comisión de la Verdad, en la cual los familiares de las víctimas y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) serán los que indiquen las líneas de investigación a seguir por el Ministerio Público Federal.
Según las apreciaciones del tribunal, la PGR no había sido “pronta, efectiva, independiente ni imparcial” en la investigación de la desaparición de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre de 2014. Esto con base en evidencia que apunta que confesiones e imputaciones contra inculpados fueron obtenidas mediante tortura.
Para los procuradores y fiscales de la República, será sólo la PGR la que determine si existe o no la posibilidad de ordenar la creación de una comisión de justicia y verdad. “El planteamiento que se hace es que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga facultades al Ministerio Público de manera exclusiva para la investigación y persecución de delitos”.
