“Un momento, ¿no que iban a llevar su proceso en libertad?”, pues sí: del grupo de 95 normalistas de Mactumactzá que fue detenido el pasado 18 de marzo, 74 fueron vinculadas a proceso y luego puestas en libertad provisional, mientras dos menores fueron mandados al tutelar… pero 15 (todos hombres) se quedaron. A ésos es a los que acaban de poner en prisión preventiva.
De acuerdo con Animal Político, un juez determinó que los normalistas de Mactumactzá que todavía estaban en prisión sigan en esa condición… por lo menos 45 días, en lo que el Ministerio Público presenta las pruebas que sostengan las acusaciones que pesan sobre los susodichos. Luego de ese plazo, se decidirá la situación jurídica de los vinculados.
“Esta determinación atiende el espíritu de la impartición de justicia en Chiapas, con estricto apego a sus Derechos Humanos, privilegiando el bien común de todas y todos los chiapanecos”, señala el comunicado difundido en la cuenta Facebook del Poder Judicial del Estado de Chiapas.
Hasta donde se tiene conocimiento, los normalistas de Mactumactzá son acusado de los delitos de motín, pandillerismo, robo con violencia, daños y atentado contra la paz. Esto luego de ser detenidos mientras protestaban en contra de que el examen de ingreso a la Normal fuera realizado de manera virtual, dado que la mayoría de los aspirantes a normalistas en Chiapas no cuentan con suficientes recursos económicos como para tener una computadora propia.
En dicha protesta, los normalistas tomaron la caseta Chiapa de Corzo-San Cristóbal de las Casas. Ahí intervino la policía para realizar las detenciones.
El pasado fin de semana se vinculó a proceso a las mujeres normalistas que fueron detenidas. Sin embargo, se determinó que siguieran el proceso en libertad. Varias de ellas denunciaron haber sido víctimas de agresiones sexuales por parte de elementos de la policía.
¿Y por qué a los normalistas de Mactumactzá no se les permitió llevar el proceso en libertad, como a sus compañeras? Eso no lo aclara el Poder Judicial de Chiapas, nomás se limita a indicar que “el fallo del juez en este caso, como del resto de los implicados, evidencia el compromiso de las y los juzgadores de Chiapas para garantizar el cumplimiento de la Ley y del Estado de Derecho, sin presiones, en beneficio de Chiapas”.
