Este lunes, el juez federal Claudio Bonadío acusó a la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, por los delitos de asociación ilícita en calidad de jefa, admisión de dádivas en 22 hechos y cohecho pasivo en cinco hechos. Lo anterior entre 2003 y 2015.
Por lo anterior, fue procesada con prisión preventiva. Y no fue la única que cayó, le tocó también al exministro de Planificación Federal, Julio de Vida, y otros funcionarios de ese ministerio. Además, empresarios de la construcción como Angelo Calcaterra, primo del actual presidente Mauricio Macri.
Cargos formales contra Cristina Fernández de Kirchner: Bonadio procesa con prisión preventiva a la expresidenta https://t.co/4FHXRoFI0Y pic.twitter.com/nKD9tM9x5Q
— CNN en Español (@CNNEE) 17 de septiembre de 2018
Sin embargo, la expresidenta Fernández de Kirchner no puede ser detenida ya que está protegida por fueros parlamentares. En el caso de que quieran procesarla, dos tercios de los senadores tendrían que votar por desaforarla, cosa que es muy poco probable que ocurra porque los opositores ya han declarado que no van a apoyar la medida a menos que exista una condena firme.
La investigación en su contra
La investigación que actualmente existe en contra de la Fernández de Kirchner fue denominada “los cuadernos K”. Todo esto ocurrió luego de que las autoridades argentinas encontraran copias de un cuaderno con anotaciones, fotografías y filmaciones de un chofer del Ministerio de Planificación Federal, quien habría sido un testigo de una recolección de dinero ilegal.
El argumento principal es que entre 2003 y 2005 en Argentina hubo toda una maraña de funcionarios y empresarios coludidos. Mediante procedimientos a modo, lograban obtener recursos del Estado Nacional, mismo que se restaba de la educación, salud, los jubilados, la seguridad, etc.
Con estas recaudaciones ilegales, los empresarios que buscaban ganar una obra pública le entregaban un porcentaje de lo que se habían embolsado del Estado Nacional a ciertos funcionarios que tanto Néstor Kirchner, como Cristina Fernández, designaban para que los sobornaran.
Además, en una investigación así siempre existen los “arrepentidos”. La justicia argentina cuenta con el testimonio de empresarios y exfuncionarios que han detallado las operaciones.
Y no es lo único de lo que se acusa a la expresidenta Fernández. El juez Bonadío también tiene contra ella una supuesta defraudación al Estado con la compra de dólares por adelantado, lavado de dinero y el supuesto encubrimiento de los responsables del ataque terrorista en Buenos Aires, en 1994.
*Con información de Reforma
