Tras la filtración de imágenes del feminicidio de Ingrid Escamilla, la titular de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX presentó una iniciativa para reformar el Código Penal del Distrito Federal.

El objetivo es que se castigue a los servidores públicos que filtren, difundan, reproduzcan o publiquen fotografías de cadáveres o documentos, indicios, evidencias u objetos relacionados con el procedimiento penal de algún caso.

Lo anterior con 2 y hasta 8 años de prisión.

Se trata de un proyecto de decreto que adiciona un artículo 293 quáter al Código Penal local.

En el caso de que se trate de imágenes, audios o videos de cadáveres o parte de ellos, de cómo murió la víctima, las lesiones o su estado de salud, las penas antes mencionadas se incrementarán hasta una tercera parte.

Pero, si esa información es de mujeres, niñas o adolescentes, la condena se incrementa hasta en una mitad, de la misma forma que si el delito es cometido por un servidor o servidora pública, así como integrante de la policía.

La titular de la Fiscalía, Ernestina Godoy, asumió la responsabilidad institucional que corresponde por la filtración de las imágenes y aseguró que la obligación es “estar cerca de las víctimas”.

Hizo un llamado a los medios de comunicación para que se abstengan de publicar imágenes o información confidencial de las víctimas que violenten sus derechos y el de sus seres queridos.

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