El documental Presunto Culpable, del director Roberto Hernández, dio a conocer en febrero de 2011 la terrible historia de Antonio Zúñiga y su tormentosa experiencia con el sistema de impartición de justicia en México. El protagonista de la película fue detenido y juzgado en 2005 por un crimen que no cometió: el asesinato de Israel Reyes.
La cinta representó un hito para la industria fílmica tanto en materia económica (a pesar de la suspensión de sus funciones) como a nivel de denuncia. El filme retrató a detalle la corrupción, ineptitud, falta de capacidad y mala leche de nuestras autoridades, elementos que sólo habíamos visto, a manera de sátira, en los —¿irrisorios?— sketches de la Hora Pico. Pero la realidad termina por superar a la ficción, y este caso tuvo un desarrollo más chabacano que los gags de Adrián Uribe y Miguel Galván.
En marzo del mismo año, Víctor Daniel Reyes Bravo, primo del difunto y uno de los testigos que participaron en el juicio de Toño, interpuso un recurso de amparo contra los productores del documental por usar —sin autorización— su imagen en la cinta. ¿Cuál fue la consecuencia? Inmediatamente se ordenó suspender temporalmente las funciones de Presunto Culpable. Después de una serie de alegatos, la película volvió a las salas, pero con la consigna de difuminar la imagen de Reyes Bravo y los demás quejosos (pues ni que estuvieran tan guapos, eeeeh).
Víctor Daniel acusó un mal uso de su imagen y demandó a los responsables del filme por daño moral (que junto a las otras dos demandas, sumaban indemnizaciones por 3 mil millones de pesos). Este miércoles 7 de diciembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un fallo a favor de Roberto Hernández y Layda Negrete, productores del documental, al considerar que en este caso concreto la “información relativa” estaba relacionada con el interés público.
En el fallo realizado por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz se indicó que la intervención de Reyes Bravo en el proceso penal documentado en la película, en calidad de testigo, el demandante adquirió estatus de persona privada con proyección pública toda vez que la investigación, persecución y sanción penal del caso genera gran interés público. De acuerdo con una sentencia del Tribunal Colegiado, la dimensión pública de las personas no las priva de su derecho al honor, aunque sí es admisible una mayor intromisión… siempre y cuando esté relacionada con asuntos de relevancia.
¿Qué nos dejó el documental?
Desde 2008 no se ha conseguido algún dato nuevo para identificar a los responsables del asesinato, los oficiales de la Policía de Investigación que participaron en el arresto de Toño salieron de la corporación por diferentes razones, el juez Héctor Palomares, que sentenció en dos ocasiones a Zúñiga, sigue trabajando en el Tribunal Supremo de Justicia. El documental no trajo nuevos elementos para clarificar el caso, pero sí nos dejó como herencia un gran debate sobre el opaco sistema penal mexicano.
‘Presunto Culpable’ trajo consigo la exposición mediática del corrupto y poco transparente sistema de impartición de justicia en México. Gracias a la investigación de Hernández y Negrete, la afirmación “las cárceles están llenas de inocentes” dejó de ser una frase hecha para convertirse en un preocupante retrato de la realidad. El filme evidenció la incapacidad de la policía y Ministerio Público para llevar a cabo una “investigación honesta y documentar un delito“.
¡Perdónanos, Miguel Galván, siempre tuviste la razón!
Acaso más terrible que todos los puntos anteriores: la presunción de inocencia es un precepto constitucional que no se cumple. De acuerdo con Antonio Caballero, doctor en derecho por la Universidad de Navarra, “pareciera que el sistema penal fuera una línea de producción, y una vez que el individuo está sentadito en la banda, adiós: los demás se van a dedicar a ponerle el tornillo que le falta y la cadena va a desembocar en la cárcel”.
El trabajo documental de Roberto Hernández y Layda Negrete puso en la mesa otros tantos debates relacionados con los derechos de la personalidad, la libertad de expresión y el derecho a la privacidad. ¿Se debería permitir y fomentar la grabación de los juicios? ¿Documentar las confrontaciones a través de una cámara ayuda a que las deliberaciones sean más transparentes? ¿Cuá es la diferencia entre la publicidad de un juicio y su mediatización?
Por otro lado, el documental nos dejó claro que el cine mexicano puede ser de calidad, crítico y súper taquillero aunque en las pantallas no salgan Gael García Bernal, Diego Luna o alguno de los Bichir.
