Dos jóvenes de Guadalajara Jalisco se dirigían a un evento deportivo en Sinaloa cuando fueron detenidos por un retén federal para una revisión rutinaria. Para su sorpresa, detrás del tablero de mando de la camioneta en que viajaban, se encontró un paquete con un kilo de cocaína y fueron detenidos. Mañana, 15 de agosto, se cumplirán 9 meses de este hecho. Hasta el día de hoy, los jóvenes siguen privados de su libertad.
La camioneta Sienna azul, marca Toyota, modelo 2004 en que viajaban Sergio y Julio, hoy de 18 y 19 años de edad, fue adquirida en una subasta organizada por autoridades estadounidenses a través de la empresa Rod Robertson Enterprises Inc. por Sergio Torres Reyes, padre del primero. Al parecer, esta clase de subasta no es extraña. En ellas es posible comprar vehículos que han sido incautados por haber sido utilizados en la realización de algún delito. Los compradores saben esto, aunque no pueden conocer el historial policial particular del auto.
Por este motivo, sólo después de una larga investigación, luego de la detención de los jóvenes, pudo Sergio Torres Reyes saber que la camioneta Sienna que había comprado, regularizado en México y registrado a nombre su esposa, había sido confiscada el 4 de octubre de 2011 en el en el puente internacional de Pharr, Texas. En aquel entonces, fueron extraídos de ella cinco paquetes cerrados y marcados con la palabra “good”, con un kilo de cocaína cada uno. Exactamente de la misma naturaleza era el paquete hallado en el tablero del vehículo el día de la detención de los jóvenes tapatíos.
Por tanto, todo parece indicar que los responsables de revisar la camioneta olvidaron echar un vistazo al tablero, dejaron el paquete ahí y vendieron el vehículo. Este error ha sido reconocido ya por las autoridades del país vecino tras cotejar las características de los paquetes. Todo ello debería ser argumento suficiente para exigir la inmediata liberación de los jóvenes. Así lo piensan las familias de los muchachos, sus abogados defensores, el gobierno estadounidense y el de Jalisco.
Sin embargo, la agente del ministerio público, Laura Nidia Llerena Hernández, ha pedido un análisis especializado de las dos muestras de sustancia y de las dos máquinas que realizan esas pruebas. Podrían pasar otros ocho meses antes de que las pruebas sean lo suficientemente contundentes para esta institución.
Familiares y amigos de los jóvenes han recibido solidaridad por parte de medios de comunicación y redes sociales. Actualmente se encuentran compilado firmas para acelerar la resolución del caso. Puedes firmar y leer más información a través de la cuenta de facebook www.facebook.com/PorUnErrorDeUSA
* Vía Proceso
