La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) consideró evidencias que le permitieron concluir que, por lo menos, 5 de los 22 civiles asesinados por militares en Tlatlaya recibieron disparos que provinieron de sus propias armas, que fueran disparadas por los los militares.
Según el Universal, las heridas en los cuerpos fueron producidas de arriba hacia abajo, lo que coincide con las declaraciones de los testigos, quienes aseguran que las víctimas fueron hincadas al momento de ser ejecutadas.
Otros 3 cuerpos también tienen fragmentos de proyectiles de las armas de fuego que fueron decomisadas a los civiles, lo que hace suponer a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que o murieron en el fuego cruzado o también fueron asesinados por los militares.
De las 38 armas de fuego que fueron aseguradas solo 11 fueron percutidas (es decir que es probable que solo 11 de los 22 asesinados dispararan armas de fuego).
Así que, en este contexto, la CNDH ha decidido reclasificar el expediente del caso Tlatlaya, Estado de México, como una investigación de violaciones graves a los derechos humanos, con el fin de que las autoridades involucradas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la PGR y el gobierno mexiquense actúen con mayor diligencia en el cumplimiento de la recomendación que emitió por este caso.
El 2 de enero pasado el mismo Universal había publicado que a dos meses de que la CNDH hubiera emitido sus recomendaciones, estas aún estaban en estado de “cumplimiento parcial”.
Recordemos que el 30 de junio del año pasado, 22 personas (supuestos miembros de una banda dedicada al secuestro) murieron tras un supuesto enfrentamiento con militares en una bodega ubicada en el municipio de Tlatlaya, Estado de México. La Sedena informó en ese momento que todos habían muerto como producto del enfrentamiento (así es, según la Sedena, todos, hasta el último de ellos siguió disparando hasta que se murió, nadie se entregó o intento huir).
Después de las pesquisas de dos medios extranjeros (AP y Esquire) el caso comenzó a despertar sospechas en el país y la CNDH comenzó a investigar. Después de concluir su indagatoria, el organismo había determinado que en realidad 2 personas fueron privadas de la vida por parte de militares de la Base de Operaciones de San Antonio del Rosario, del 102 Batallón, solo 7 murieron en el contexto del enfrentamiento y 3 más no se sabe el motivo ya que los militares movieron sus cuerpos de su lugar.
El ómbudsman nacional también encontró que los elementos de la Sedena manipularon la escena para pretender sostener su versión del enfrentamiento, además de que agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México torturaron dos sobrevivientes para que no relataran lo que realmente sucedió.
