El día de hoy, el presidente de Bolivia, Evo Morales, rindió protesta y tomó posesión de su cargo por tercera vez consecutiva. De esta manera, América Latina tiene ya a tres de sus jefes de Estado en el puesto por un tercer periodo (los otros dos son el ecuatoriano Rafael Correa y el nicaragüense Daniel Ortega). A la lista se sumaría el fallecido Hugo Chávez, cuya corriente política en manos de Nicolás Maduro sigue gobernando Venezuela.
La tendencia de las reelecciones sucesivas para segundos y terceros periodos en la región se ha convertido en un tema polémico. Para muchos, los presidentes actualmente en el poder en estas repúblicas guardan una relación innegable con el proyecto de la “revolución bolivariana” del ex mandatario venezolano y no ven con buenos ojos la expansión de la ideología socialista en el continente. Otros más piensan que es síntoma del éxito de la nueva izquierda democrática. Muchos más ponen en duda la legitimidad y conveniencia de la reelección en una región que a finales de los 70 seguía siendo una de las comunidades dictatoriales más grandes del mundo.
Alberto Fujimori ocupó el poder en Perú entre 1990 y 2000. Su política económica liberal fue asesorada por Estados Unidos y el FMI. Actualmente cumple condena por crímenes de lesa humanidad y corrupción.
Como señala la BBC en el texto “Evo Morales y la tentación del tercer mandato presidencial en América Latina”, un primer vistazo al panorama político de Latinoamérica podría hacernos pensar que las reelecciones tras las dictaduras son un asunto único de la izquierda.
No obstante, como recuerda el director para América Latina y el Caribe del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA), Daniel Zovatto, fueron gobiernos de derecha, económicamente liberales, los primeros en ignorar el consenso implícito de no reelección.
“La región arrancó siendo claramente anti-reeleccionista, pero paulatinamente el virus reeleccionista fue tomando fuerza, no de la mano de los gobierno bolivarianos como muchos asocian, sino en el marco de gobiernos neoliberales”, explica Zovatto.
Entran en este grupo Carlos Menem en Argentina, Alberto Fujimori en Perú y Fernando Henrique Cardoso en Brasil y, más tarde, Álvaro Uribe en Colombia.
“Y un grupo importante de estos presidentes también quisieron buscar un tercer mandato consecutivo. Ese fue el caso de Menem, de Uribe y de Fujimori”, recuerda el experto.
Tanto en la izquierda como en la derecha latinoamericanas se usan los mismos argumentos para buscar un segundo o un tercer periodo en el poder: la necesidad de más tiempo para llevar a cabo el proyecto, mayor estabilidad, la protección contra los intereses de una oposición maligna y el respeto a la verdadera voluntad del pueblo.
Rafael Correa gobierna Ecuador desde 2006. Inicialmente, Correa tomó la arriesgada decisión de no pactar con Estados Unidos y de no pedir apoyo al FMI. Hoy, tras la redacción de una nueva constitución y la aplicación de una política económica mixta, la izquierda ecuatoriana convive con una industria próspera.
El politólogo Jorge Lazarte piensa, no obstante, que existe una razón más sencilla. En entrevista para BBC Mundo, opina:
“El poder tiene un efecto patológico: cuando los que están en el poder están por demasiado tiempo terminan por no querer abandonarlo […] Y al final el poder les interesa solo para mantenerlo y para defender intereses que no existían cuando no estaban en el poder”.
Lazarte piensa que el verdadero motivo por el que los terceros periodos triunfan en algunos lados y son derrocados en otros tras investigaciones sobre desvío de recursos o caídas económicas nacionales, es la diferencia entre la fortaleza de las instituciones de los distintos países.
“Yo me atrevería a formular la hipótesis de que los países en los que la tercera reelección fracasa son países institucionalmente más fuertes que los países en los que esa triunfa”.
“En Colombia, por ejemplo, lo que sucedió es que a pesar del esfuerzo desinstitucionalizador de un gobierno supremamente caudillista y personalista, este no logró completar la tarea y la Corte Constitucional logró frenar el asunto a tiempo”.
Para Lazarte, la permanencia en la presidencia de un solo individuo pone irremediablemente en peligro la división de poderes en un país, que es uno de los pilares de las democracias modernas.
La política económica venezolana, que busca disminuir las importaciones y fortalecer la producción nacional, no ha logrado un equilibrio adecuado. Actualmente, el país pasa por un periodo de escasez de productos industrializados, una inflación sin precedentes y enfrenta el difícil reto de sobrevivir a la caída del petróleo.
Por su parte, Carlos Toranzo, analista boliviano, piensa que la permanencia en el poder de estos personajes está muy relacionada con una economía próspera al menos durante los primeros periodos. Una buena situación económica, no obstante, pude responder a un plan a largo plazo, como el que ha demostrado ser el caso uruguayo, o bien, a uno de corto plazo, cuyos frutos son repartidos no de manera funcional y productiva, sino con criterios políticos.
“Estas son tendencias que se repiten cuando hay gobiernos populistas que tienen el soporte de una economía boyante, porque pueden repartir renta. Los regímenes que reparten rentas generan clientelas muy fuertes y por eso se mantienen en el poder”.
Los países de América del Sur, proveedores mundiales de diversas materias primas y productos básicos, han logrado buenas rachas, pero no todos han sido exitosos a la hora de reinvertir para garantizar que esa producción no haya sido cosa de un solo aliento.
En Venezuela, por ejemplo, donde los recursos y materias primas siguen abundando, una mala política comercial y un criterio de redistribución que no estuvo pensado para alcanzar un buen equilibrio entre producción y bienestar social ha afectado profundamente a la ciudadanía, que hoy enfrenta una de las peores inflaciones de su historia.
Por el lado contrario, el gobierno uruguayo, también de izquierda, ha logrado reducir la pobreza del 45 al 10% de su población, ha triplicado la riqueza nacional y ha logrado fundar los cimientos de un desarrollo a largo plazo, de acuerdo con diversas organizaciones entre las que se incluye la liberal OCDE.
Daniel Ortega gobierna Nicaragua desde el 2007. Su administración de izquierda ha buscado el apoyo de grupos diversos, entre los que se cuentan organizaciones sindicales y religiosas. La políticas sociales por él impulsadas son igualmente heterogéneas: desde la gratuidad en los servicios médicos hasta la penalización absoluta del aborto, lo que le ha valido el apoyo de grandes masas conservadoras.
La permanencia en el poder de un proyecto político no implica necesariamente populismo ni fraudes electorales y ninguno de estos fenómenos son únicos de la derecha ni de la izquierda.
Mientras existan mayorías beneficiadas a corto plazo, dispuestas a ignorar los peligros venideros, habrá también un líder dispuesto a traducir la situación en una prolongación de su poder a largo plazo. Esto es esencialmente el populismo.
Por otro lado, las oposiciones tienen una difícil tarea: la de mostrarse mucho más creativas a la hora de presentar alternativas, más allá de exigir su derecho a la alternancia y de argumentar fraude. En efecto, existe el consenso entre analistas de que los procesos de reelección modernos en Latinoamérica se han llevado a cabo respaldados por mayorías reales.
Si los opositores desean mostrar que la permanencia de estos líderes en el poder es antidemocrática, tendrán que ser mucho más creativos con el concepto y demostrar que una fuerte mayoría no implica necesariamente representatividad ni producción de proyectos a largo plazo.
De la misma manera, por supuesto, deberán aceptar aquellas situaciones en las que el éxito y la reelección sean los frutos reales de una democracia próspera.
