Mientras la Procuraduría General de la República (PGR) hace todo lo posible —al menos de manera mediática— por golpear a un candidato a la presidencia, la investigación contra Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, involucrado en la trama de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht, está detenida. Así lo dio a conocer este viernes 2 de marzo el periódico Reforma. De acuerdo con lo publicado por el diario, el político acusado de recibir al menos 10 millones de dólares a cambio de contratos de obra pública, ganó otro round en el caso.

Sandra Leticia Robledo Magaña, jueza primera de distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México, prohibió a la PGR —por tiempo indefinido— solicitar una orden de aprehensión en contra de Lozoya Austin en la indagatoria que se lleva a cabo en su contra por enriquecimiento ilícito y cohecho, además de impedir la judicialización de la investigación hasta que no se dicte una sentencia en el juicio de garantías.

Este fallo, según la información compartida por Reforma, se dictó justo cuando un tribunal colegiado iba a determinar si otra suspensión definitiva —concedida al exfuncionario el 7 de noviembre— continuaba vigente.

La Coordinación General de Investigación de la PGR investiga al exdirector de Pemex por presuntamente haber recibido sobornos de la constructora brasileña para hacerse del contrato para la construcción de la refinería de Tula, Hidalgo. En diciembre, Luis Alberto de Meneses Weyll, exdirector de la empresa en México, explicó en una serie de grabaciones difundidas por el equipo de Quinto Elemento Lab cómo se le otorgó dinero a Lozoya Austin mientras este formaba parte del equipo de campaña de Enrique Peña Nieto.

Al renunciar como titular de la PGR, Raúl Cervantes Andrade (a.k.a. “El Fiscal Carnal”), anunció que la dependencia ya había concluido las indagatorias sobre los presuntos sobornos de Odebrecht a funcionarios de Petróleos Mexicanos. De acuerdo con el diario, las decisiones de los jueces han impedido su judicialización del caso y la la nueva administración de la procuraduría considera que “faltan datos de prueba para presentar el caso ante la justicia federal”. ¿Cómo ven?

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