Con ánimos de completar la colección de exgobernadores corruptos, el gobierno de México ha solicitado formalmente la extradición de Roberto Borge, quien desde hace poco menos de dos meses se encuentra preso en una cárcel de Panamá.
De acuerdo con la Procuraduría, la extradición del exmandatario priista de Quintana Roo corresponde a cuatro causas penales: tres del fuero común y una del fuero federal. En el caso de las primeras, se trata de los delitos de peculado, aprovechamiento ilícito y ejercicio indebido de la función pública. El delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita corresponde al fuero federal, según explicó la PGR.
Una vez hecha la solicitud mexicana de extradición, lo que procederá ahora serán trámites burocráticos por parte del gobierno panameño: la cancillería realizará (para este punto ya la realizó) la solicitud de extradición a la Fiscalía panameña, esta solicitará a su vez una audiencia con la Corte Suprema de Justicia donde un juez dará su visto bueno… de ahí la solicitud se regresará a la Cancillería de Panamá, la cual tomará la decisión final. Con la esperada respuesta positiva, el gobierno de México tendrá 60 días para realizar el traslado del exgobernador.
Y ya, sólo eso.
Borge es acusado por la venta ilegal de terrenos que –en teoría– eran patrimonio del Estado. La venta de esas propiedades las hizo a diversos allegados, incluso a su propia madre… claro a precios por demás módicos. La venta, mejor dicho, el remate de las tierras significa un año patrimonial por más de 2 mil millones de pesos. Las irregularidades de la administración de Borge fueron detectadas por la Auditoría Superior de la Federación. Además del remate de tierras, durante los primeros cuatro años del gobierno de Betito se habrían desviado recursos de fondos federales destinados a programas sociales; uno de ellos, el programa Escuelas de Tiempo Completo, del cual se notó que no se ejercieron 84.2 millones de los 184 que lo conformaban.
¿Y fue él solito? Para organizaciones como “Somos Tus Ojos”, es evidente que el exmandatario no actuó por cuenta propia y no se está investigando a todos los implicados en las transas hechas en Quintana Roo. De acuerdo a una investigación documentada por la mencionada organización, el remate de predios es un “negocio” que viene desde dos administraciones anteriores (la de Joaquín Hendricks y Félix González Canto) y en el que también puede vincularse a los senadores priistas Emilio Gamboa Patrón y Ricardo Urzúa Rivero, quienes son próximos al actual procurador Raúl Cervantes. Todo conectado por una estructura inmobiliaria.
