De acuerdo con Miguel Ruíz Cabañas, Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, la Procuraduría General de la República (PGR) busca concluir uno de los casos que han marcado el sexenio de Enrique Peña Nieto: el caso Ayotzinapa.

Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Ruíz Cabañas mencionó que la procuración de justicia es deber del actual gobierno: “Es deber de la presente administración procurar la justicia, conocer la verdad, deslindar responsabilidades y dar las respuestas que legítimamente demandan las víctimas y la sociedad mexicana”.

La misma PGR ha adelantado que tienen información importante para la resolución del caso. Según Alfredo Higuera, fiscal especial de la Procuraduría para el Caso Iguala, dijo que esta información “puede dar certidumbre a por qué los jóvenes fueron atacados” y que hablaría del “nivel de involucramiento de la organización criminal y el papel de las corporaciones municipales en un esquema de organización delictiva importante”.

Sin embargo, algunos padres de los normalistas no están conformes con estas declaraciones. Mario César González, padre del normalista César Manuel González, dijo estar preocupado por la urgencia que tienen las autoridades para cerrar el caso antes de que concluya el sexenio.”Hay preocupación de que el fiscal Alfredo Higuera sea presionado para que avale lo que en enero de 2015 declaró el entonces procurador Jesús Murillo como la verdad histórica”.

Por otro lado, algunas organizaciones que apoyan a los padres de los afectados mencionan que la PGR no ha cumplido con el calendario de avances que en un principio se comprometió a cumplir. “Todo se está politizando, para el Estado es más importante las elecciones, que ayudar a las víctimas a encontrar la verdad”, comentan los padres.

 

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