Once personas fueron asesinadas en su domicilio la madrugada del jueves 13 de julio en el municipio de Tizayuca, Hidalgo. Los primeros reportes indican que el grupo armado que perpetró el ataque ingresó a la casa, localizada en el fraccionamiento Villa de los Milagros, y asesinó a cuatro mujeres y siete hombres. Aproximadamente quince horas después del multihomicidio, la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo presumió que el siniestro, presumiblemente, “se trata de un ajuste de cuentas“. Así como lo leen. ¿Y cómo llegaron a esta conclusión? El titular de la dependencia, Ramiro Lara Salinas, declaró que una de las once personas asesinadas tiene antecedentes penales por secuestro, entre otros delitos, y estuvo recluido en el penal Barrientos, en Tlalnepantla, Estado de México.
¿Eso no les parece suficiente para sostener la hipótesis de la PGJ? Pues ahí les van más datos: otro de los adultos asesinados portaba una credencial que lo acreditaba como personal operativo de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, mientras que una de las víctimas había tratado de ingresar 245 gramos de marihuana al CEFERESO de Zumpango, en Ecatepec. Pruebas “irrefutables” de que las víctimas del multihomicidio estaban en malos pasos y, en una de esas, merecían lo que les pasó. Así de absurda es la narrativa de nuestras autoridades a la hora de investigar este tipo de casos. Los muertos siempre andaban en algo y los desaparecidos se fueron con el novio.
El procurador hidalguense no ofreció información sobre el estatus legal de las víctimas y tampoco explicó por qué, si se trataba de un ajuste de cuentas, las otras nueve personas que asistieron a la fiesta infantil también fueron asesinadas. De acuerdo con las autoridades, el anfitrión de la casa realizaba la mayor parte de sus actividades en la CDMX y el Estado de México, y que sólo regresaba a Hidalgo para pernoctar.
