Luego de varios meses de que el gobierno de Javier Corral nomás hace como que hace y, eso sí, se dedica más a tapar a panistas que claramente algo tuvieron que ver con el asesinato de la periodista Miroslava Breach, el gobierno federal ha decidido decir “¡presta!” El caso será ahora asunto federal.
Un juez federal concedió que la investigación del homicidio de Miroslava Breach pase a manos de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) de la Procuraduría General de la República (PGR). Con esto, también se determinó que el único detenido por el crimen contra la periodista, Juan Carlos Moreno Ochoa, El Larry, sea juzgado en el ámbito federal, acción que es permitida por el nuevo sistema de justicia penal.
La decisión del juez Javier Torres se da a un mes de que la PGR solicitó que se declarara la incompetencia de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chihuahua para la resolución de este caso. En la diligencia, las autoridades federales solicitaron que el mencionado juez se encargue de que El Larry enfrente, además de cargos por el homicidio calificado, un proceso por la comisión de delitos contra la libertad de expresión. Cabe señalar que luego de su aprehensión, el gobierno de Chihuahua señaló que El Larry era jefe de la plaza del cártel de Los Salazar, esto en el municipio de Chínipas… además de uno de los autores intelectuales del crimen.
Recordemos que, de acuerdo con Proceso, la ejecución de Breach se cometió en venganza por parte de Los Salazares, una célula del Cártel de Sinaloa. La periodista dedicó gran parte de su trabajo a denunciar las actividades criminales de dicho grupo, destacando el vínculo que existía entre el precandidato del PRI a la alcaldía de Chínipas, Juan Salazar, quien resultó ser sobrino de los principales jefes del cártel: Salazar Zamorano.
Debido a las denuncias de Breach, el PRI tuvo que cambiar de candidato. A partir de entonces las amenazas contra la corresponsal de La Jornada fueron más intensas. Y no sólo por parte del crimen organizado, también por parte del alcalde de Chínipas, Hugo Amed Schulz, quien fue acusado por la periodista de ofrecer protección a Los Salazares. Breach fue asesinada el 23 de marzo de 2017 y ¡sorpresa!, Schulz continuó con su carrera. Luego de su cargo como alcalde, fue designado como coordinador de la zona serrana del subsistema estatal, cargo al que tuvo que renunciar debido a la presión por parte de la prensa.
Extraño que atraigan el caso de Miroslava Breach cuando la @Fiscalia_Chih logró consignar al autor intelectual y la investigación seguía abierta. Sin embargo vamos a entregar el expediente y a colaborar con la @PGR_mx. https://t.co/Gt5uzZSaxB pic.twitter.com/aIOvduqAsF
— Javier Corral Jurado (@Javier_Corral) 12 de abril de 2018
Por otra parte (o más bien, más cosas que el gobierno de Corral desechó), el pasado 28 de diciembre Proceso dio a conocer una comunicación en la que el vocero del PAN, Alfredo Piñera, pidió a Breach revelar la fuente que le proporcionó la información con la que vinculó al candidato del PRI a la presidencia municipal de Chínipas con el grupo criminal de Los Salazar. “Diles que para qué se hacen tontos: Miroslava Breach Velducea es nacida en Chínipas y no va a revelar fuentes de información, así que, por favor, digan quién es y que me le echen a mí (la responsabilidad). Yo por eso firmé la nota porque yo sí tengo ovarios y porque sabía cómo están las cosas. A mí me han hablado mis tíos y me dicen que están rezando el novenario por mí, entonces, que no jueguen”, señaló la corresponsal de La Jornada.
La llamada tuvo un objetivo por demás cobarde: que el entonces alcalde de Chínipas, Hugo Amed Schultz, no fuera visto como la fuente de Breach. Para que no hubiera duda, la confesión de la periodista fue entregada a Los Salazares. Podría decirse que Schultz entregó a Miroslava al grupo criminal. De acuerdo con La Jornada, quienes supieron de las llamadas son José Luévano, actual secretario particular del gobernador Corral; Alfredo Piñera, todavía vocero del PAN estatal… y claro, Hugo Amed Schultz, testigo protegido de las autoridades de Chihuahua que reconoció haber entregado a integrantes de Los Salazar las grabaciones en que se exigió a la periodista que revelara sus fuentes. Ninguno de los tres con cargos en contra.
