Por Esteban Illades
En un mes terminará lo que parecía interminable: el período electoral. Dejaremos de escuchar spots, dejaremos de ver las varitas mágicas a manera de propuestas y finalmente podremos hablar de otra cosa. Ojalá que en este espacio también. Pero, mientras eso sucede, hay que seguir discutiendo los temas de la campaña. Hoy, a raíz de lo sucedido esta última semana, es necesario escribir sobre el uso electoral de la justicia. Es decir, sobre cómo las autoridades y los candidatos buscan influir en procesos legales –que deben ser completamente ajenos a las campañas– con tal de conseguir votos. En este 2018 hemos visto ya tres casos bastante importantes, a espera de lo que suceda en los próximos días.
El primero, sin duda, es cuando la Procuraduría General de la República decidió meterse de lleno en el proceso tan pronto empezó. Cuando hizo público que estaba investigando a personas cercanas a Ricardo Anaya e intervino en una elección que, hasta entonces, no parecía tan cantada como hoy. Recordarás, querido sopilector, el famoso “#Pelucagate”, en el que se podía observar al candidato del Frente, Ricardo Anaya, con una peluca en la boda de alguien a quien decía no conocer.
Por si esto no fuera poco, la PGR decidió utilizar todo a su alcance para poner a Anaya en el centro del huracán. En una acción nunca antes vista, publicó un video de cómo Anaya fue a las oficinas centrales de la Procuraduría. El video como tal es inconsecuente, pues nada sucede. Salvo que al final, alguien de su equipo –tal vez Anaya mismo– se refiere con groserías a los funcionarios de la PGR.
La acusación, que versa sobre un supuesto lavado de dinero por parte del candidato, sigue sin avanzar al día de hoy. Sin embargo, hasta involucró instancias internacionales: se intentó abrir una causa penal en España por el mismo asunto, hasta que el sistema judicial del otro lado del charco dijo que no se podía porque las denuncias –anónimas– estaban basadas en recortes de periódicos mexicanos.
El hubiera no existe, pero el efecto en la campaña de Anaya fue claro. Con un golpe tan duro de inicio, el candidato del Frente no se ha sabido reponer y hoy está muy detrás del primer lugar.
El segundo caso ocurrió durante el más reciente debate presidencial, que se llevó a cabo hace un par de semanas. José Antonio Meade, candidato del PRI, actualmente en la tercera posición de cuatro, acusó a una candidata de Morena al senado, Nestora Salgado, de ser secuestradora.
Salgado, líder de un grupo de policía comunitaria en Guerrero, ha sido una figura controvertida desde hace años, cuando fue arrestada por el gobierno federal y acusada de secuestro. A nivel federal se le juzgó, y se determinó que no era culpable de delito alguno. A nivel local se hizo lo mismo, y tampoco hubo evidencia suficiente para condenarla.
No obstante, los procesos iniciados por la Fiscalía General de Guerrero aún no terminan. Se decía justo después del debate que existían por lo menos tres causas abiertas en contra de Salgado, aunque la FGE permanecía callada desde meses atrás sobre el tema.
Pero poco tiempo pasó para que viéramos algo curioso. Después de varios meses en los que el caso no se movió nada, la Fiscalía reactivó, esta semana, todos los procesos que tenía en contra de Salgado.
A diferencia de Anaya, la candidatura de Salgado es más difícil de tumbar, ya que ella va en lista plurinominal y, por lo tanto, no es candidata directa. Es decir, para que surtiera efecto tendría que haber una disminución masiva de voto en su circunscripción, cosa que no parece posible. ¿Es Nestora Salgado culpable? Con la información disponible al público es difícil saberlo. Si bien es cierto que fue exonerada a nivel federal, también hay una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que apunta hacia el otro lado, en la que se reúnen testimonios bastante fuertes. Para efectos legales, y dado nuestro sistema penal, Salgado es hoy por hoy inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y, al igual que en el caso de Anaya, el timing de la aplicación de justicia no deja de ser curioso.
Por último tenemos el caso de Karime Macías, exprimera dama de Veracruz, actualmente desaparecida. La última vez que se le vio en público fue abordando un avión con destino a Europa, tras la detención de Javier Duarte, su esposo, por el desvío de miles de millones de pesos del presupuesto estatal.
Cuando Duarte fue detenido en Guatemala, y posteriormente extraditado, la PGR dijo, en más de una ocasión, que nada tenía contra Macías, que ella era libre de hacer lo que quisiera. Aprovechando esto, ella tomó un vuelo con su familia y nunca más volvimos a saber de ella. Hasta ayer, que el gobierno de Veracruz anunció que iba por Macías por su participación en el desvío de más de 100 millones de pesos.
Nadie niega que la dueña del famoso cuaderno que decía “sí merezco abundancia” sea de interés en la investigación del robo más grande de la historia al erario veracruzano, y el país entero quisiera ver que se le juzgara para determinar si participó en él. Sin embargo, una vez más, el timing resulta curioso. Apenas la semana pasada el periódico nacional Reforma publicó una encuesta en la que el hijo del actual gobernador, candidato por el Frente a la gubernatura de Veracruz, se encuentra en empate con el candidato de Morena.
No estamos diciendo “piensa mal y acertarás”, pero sí llama la atención, al menos en estos tres casos, más los que se acumulen en las próximas semanas, que la justicia mexicana se mueve mucho más rápido cuando hay elecciones. Porque los votos importan, porque con ellos se podrán hacer del poder, y con ellos podrán, una vez más, tener acceso a las arcas públicas.
Ya será cuestión de que en otros seis años se monten investigaciones y el ciclo, cual shampoo y acondicionador, se enjuague y se repita.
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