Por Esteban Illades
Durante las últimas semanas hemos hablado en este espacio sobre cómo a la justicia en México se le ha vuelto a dar un uso partidista: así como en 2005 el gobierno desaforó a Andrés Manuel López Obrador en pleno proceso electoral, ahora en 2018 la Procuraduría General de la República ha tomado la investigación alrededor de Ricardo Anaya como caso principal y ha dejado de lado otros igual o más importantes.
Uno de ellos es el de Odebrecht, la compañía brasileña que por varios años sobornó no sólo a funcionarios de su propio país, sino a lo largo y ancho de América Latina. Al día de hoy han caído presidentes, secretarios de gabinete y expresidentes en el continente. Sólo en México y Venezuela sigue sin llevarse a juicio a un sólo responsable.
En el caso de Venezuela parece que están más preocupados por inventar su propia moneda virtual o por adelantar elecciones, mientras que en México, pues… México. Aquí, a pesar de que se supone, o eso explicó el entonces procurador Raúl Cervantes, la investigación y sus resultados ya estaban listos, no hay hora para que se presenten ambos. Mientras tanto, la campaña continúa, el gobierno sigue operando como si no hubiera nada de qué preocuparse y la impunidad reina como siempre en el país.
Pero justo cuando uno pensaba que las cosas no se podían poner peor, llegaron los diputados, como siempre, para echarle caca al pastel. En concreto, 182 de los 500, divididos de la siguiente manera: 155 del PRI, 18 del Partido Verde, ocho de Nueva Alianza y un independiente. Todos estos grupos actuaron en bola, y ninguno de los presentes se salió del huacal partidista. ¿Qué lograron con esos 182 votos? Evitar que la Cámara de Diputados enviara un exhorto a la Auditoría Superior de la Federación para iniciar un proceso penal contra los responsables del supuesto fraude que se descubrió en el proyecto Etileno XXI.
En español: cuando Odebrecht empezó a hacer tratos con el gobierno mexicano a través de Pemex, lo hizo con un proyecto llamado “Etileno XXI”, en el que Odebrecht tiene participación a través de Braskem, compañía de la que es socia. Para no hacer el cuento largo, la Auditoría Superior de la Federación –la ASF, quizás el único organismo estatal que en verdad funciona– revisó las finanzas del proyecto y descubrió que Pemex perdió la friolera de 1,935 millones de pesos por hacer mal las cosas y otros 668 millones de pesos por pagarle a Braskem por cosas que no hizo. Esto sólo en 2016. Casi dos mil millones de pesos. En un año.
Alguien se hizo rico aquí, y claramente no fuimos nosotros.
¿Pero entonces qué pasó con los diputados? Pues bien, después de que se dieron a conocer los resultados de la Auditoría de 2016 ante la Cámara, la diputada de Morena Rocío Nahle presentó el punto de acuerdo para pedirle a la ASF que le apurara todavía más al asunto y comenzara a pedir una investigación penal para encontrar responsables.
El punto de acuerdo, cabe resaltar, era más ceremonial que cualquier cosa, dado que la Auditoría no necesitaba que se le dijera qué hacer al respecto. Era una manera de los diputados de decir y mostrar que les importaba un poquito investigar la corrupción en la relación entre Pemex y Odebrecht. Y nada. Los 182 diputados que votaron en contra ni siquiera quisieron fingir que tenían un mínimo interés en averiguar qué pasó con esos miles de millones de pesos.
Una vez más: estamos en un punto en el que los diputados no intentan ni siquiera hacer pasarse por representantes de la población mexicana. Y peor: celebraron después de bloquear el exhorto. Como en los peores tiempos del PRI –que tal vez sean éstos, pensándolo bien–, los diputados festejaron que habían bloqueado un exhorto para investigar corrupción en el gobierno.
Perdón que lo repitamos tantas veces, pero en algo que semeja más bien una kakistocracia –el gobierno de los peores–, los representantes festejaron que bloquearon algo que nos interesa a los mexicanos. Celebraron que actuaron en contra de nuestros intereses. Cavaron todavía más profundo de lo que parecía humanamente posible.
¿Y quiénes fueron esos representantes? Aquí algunos de los angelitos: Tarek Abdalá, extesorero con Javier Duarte, a quien se le ha buscado quitar el fuero varias veces para que enfrente acusaciones por los desvíos millonarios en Veracruz, pero que siempre la ha librado. Bárbara Botello, exalcaldesa de León, inhabilitada para ejercer cargos públicos por un año a nivel local por el desfalco de un millón y medio de pesos. Lía Limón, exsubsecretaria de Gobernación, acusada por los padres de los 43 desaparecidos de intentar callarlos con indemnizaciones, a pesar de que sus hijos siguen sin ser declarados oficialmente muertos. Arlet Mólgora y Gloria Félix, dos de las seis diputadas que le gritaron “¡Eeh, puto!” a un diputado de otro partido adentro de la Cámara.
Así el nivel de la gente votada y designada para representar nuestros intereses. Cuando no intentan bloquear investigaciones o exhortos para averiguar quién desapareció miles de millones de pesos del erario, utilizan el fuero para escapar de persecuciones o la tribuna para enaltecer gritos homofóbicos.
En palabras de Timbiriche: “M”, “E”, acento, “X”, “I”, “C” y “O”.
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