Por Esteban Illades
Hace poco más de una semana comenzó una ola de protestas en Estados Unidos por el homicidio de George Floyd, un hombre afroamericano, a manos de un policía blanco en Minneapolis. El 25 de mayo, Floyd intentó pagar en una tienda con un billete falso de 20 dólares. El dueño de la tienda llamó a la policía, y como ya es costumbre en nuestro país vecino, el policía que llegó actuó con absoluta brutalidad. Puso su rodilla en el cuello de Floyd durante poco menos de nueve minutos y terminó por asfixiarlo.
La ola de protestas se expandió por el mundo, México incluido. Fue en ese contexto que en nuestro país salió a la luz el caso de Giovanni López, un albañil de 30 años que fue detenido en Ixtlahuacán de los Membrillos, en la zona conurbada de Guadalajara, el 4 de mayo. 21 días antes del homicidio de Floyd. Como tantos otros casos similares, el de López había pasado inadvertido hasta que cayó la coyuntura global por acá.
Las versiones difieren sobre el motivo de su detención –si fue por no portar tapabocas o fue por confrontar a los policías que detenían a alguien más–, pero cualquiera que haya sido la excusa es lo de menos, porque la Policía Municipal de Ixtlahuacán no necesitaba causa alguna para reaccionar como reaccionan las policías mexicanas en todos los niveles: con fuerza bruta, sin entendimiento básico de la ley, y peor, con total impunidad.
Al día siguiente de su detención, López apareció muerto en un hospital de Guadalajara. Había sido asesinado por la policía municipal.
Corte a la semana pasada, cuando el caso saltó de las redes sociales a la discusión nacional. Para entonces se dieron por enterados, o al menos hablaron en público por primera vez, el Fiscal General de Jalisco, Gerardo Octavio Solís, y el gobernador del estado, Enrique Alfaro. Un mes después.
Aquí vale la pena dar algo de contexto: Jalisco es uno de los estados que más restricciones han impuesto frente a la epidemia de COVID-19; Alfaro implementó puestos de control en diversos puntos de Jalisco y obligó a sus habitantes a portar cubrebocas. Cuando se dijo, en una primera versión, que López había sido detenido por no portarlo, es ahí cuando comenzaron las protestas.
¿Y qué sucedió? Lo mismo que ocurrió con la Policía de Ixtlahuacán: violencia, represión, detenciones arbitrarias. Durante varias horas no se supo el paradero de varios de los manifestantes. Mientras tanto el gobernador salía frente a las cámaras a ofrecer distintas explicaciones. Una de ellas, la más preocupante, era su sospecha de que los detenidos podían estar en manos del crimen organizado. Es decir, como en Iguala hace seis años.
Tras las manifestaciones y los reclamos, la Fiscalía de Jalisco detuvo a tres policías municipales por el homicidio de López. Apenas ayer declaró el presidente municipal de Ixtlahuacán, Eduardo Cervantes.
En la Ciudad de México también hubo protestas. Y, al igual que en Jalisco, la Policía reaccionó como sabe: a golpes. En redes se pudo ver un video de policías pateando a una adolescente, quien se convulsiona como consecuencia de la agresión. Al menos en la capital la Jefa de Gobierno ordenó investigar lo sucedido.
Y claro, como suele suceder en este país, las manifestaciones para pedir justicia derivaron en un pleito político. El gobernador de Jalisco denunció que hubo infiltración desde la Ciudad de México en las protestas; el presidente le reviró, y no sólo eso, aprovechó para lanzar la famosa frase que durante siglos sólo ha servido para complicar las cosas en lugar de resolverlas: o estás conmigo o estás en mi contra. Digno heredero de Anakin Skywalker y contento sólo cuando se escalan las cosas, el presidente echó leña al fuego.
La muerte de Giovanni López pasó a segundo plano en la discusión. Ya no se hablaba de él, sino de si Alfaro es presidenciable o no; de los gritos entre Morena y su oposición. Todo siempre deriva en grilla en México. Todo.
Mientras tanto, el verdadero problema sigue sin resolverse: así como en Ixtlahuacán –municipio donde gobierna un alcalde priista en un estado que gobierna un candidato que llegó vía Movimiento Ciudadano–, en Xalapa, Veracruz –municipio y estado gobernados ambos por Morena– apareció muerto por las mismas fechas Carlos Navarro, de 33 años, tras ser detenido por la policía estatal. En Tijuana –municipio gobernado por Morena en un estado también gobernado por Morena– se denuncia que Óliver López fue asfixiado por la Policía Municipal en marzo.
Y así nos podemos seguir. Porque las corporaciones policiacas en México son un desastre desde siempre, y por eso personas como Carlos, Giovanni y Óliver pueden morir en sus manos con impunidad total. Los policías mexicanos en todos los niveles no están mínimamente capacitados. No tienen entrenamiento, no tienen equipo. Reciben sueldos miserables. Y no están vigilados por nadie.
La Policía en este país no está diseñada para proteger a la ciudadanía.
Todo lo contrario. Su intervención siempre da pie a que la situación empeore.
Y nadie quiere hacer nada al respecto. En lugar de llevar a cabo una reforma verdadera, estados y gobierno federal se refugian en el Ejército, o en el Ejército disfrazado de otra cosa –la Guardia Nacional–. Mientras nadie le entre con ganas y dinero al asunto, #JusticiaParaGiovanni no será más que un trending topic durante unas semanas; después se remplazará con otro nombre.
Por cierto, este domingo fue el día más violento en lo que va del año, y el segundo del sexenio: 117 homicidios.
Pero por favor, sigamos pensando que la grilla es lo que importa.
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