Por Esteban Illades
Hace dos semanas, el INE volvió a ser la principal noticia de la elección, después de que poco tiempo antes lo fuera por el supuesto permiso para que los partidos compraran votos a través de monederos electrónicos.
En esta ocasión, el INE quedó bajo el reflector por anunciar que había diversas investigaciones relacionadas con –y lo dijo de manera muy amable– la irregularidad en la colecta de firmas por parte de los precandidatos independientes a puestos de elección popular.
O, lo que es lo mismo, que había un chanchullo bastante grande en la manera en la que los candidatos estaban consiguiendo apoyos para poder participar en la elección de julio. El lío/problema/posible delito no es exclusivo de un candidato o de un cargo, sino que trasciende niveles. Es decir, lo mismo hay candidatos a presidente municipal, diputado, senador o presidente que han conseguido apoyos declarados inválidos por el instituto.
¿Cómo?
De diversas maneras. Para que los candidatos obtengan las firmas necesarias para estar en la boleta –el número y la dispersión son distintos conforme al cargo que se busque; por ejemplo, para candidatos presidenciales son 866,93 firmas conseguidas en 17 estados distintos, y en cada uno de esos 17 el mínimo conseguido debe equivaler a 1% del padrón local– necesitan recabar diversos documentos. Entre ellos, como dicta la lógica, la credencial de elector: para poder dar apoyo a un candidato se necesita tenerla actualizada y que, en caso de que sea para una candidatura local o de representación de estado, distrito o municipio, la dirección corresponda con el área representada por el precandidato. La persona sólo puede otorgar un apoyo en cada nivel, no puede repetir precandidato.
Pues bien, el INE ha encontrado repetición de apoyos. También documentos irregulares; sobre todo, fotocopias de credenciales o credenciales no correspondientes al territorio donde el candidato podría recabar la firma, y muchas otras irregularidades.
Más allá de eso, ha dicho que investigará, y que, de ser el caso, entregará los resultados a la Fepade, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, para que determine si hay algún delito que perseguir. Bien puede ser que algún candidato haya obtenido firmas irregulares sin saberlo, mientras que otros –es más que posible– lo hayan hecho con maquinaria partidista: por las calles del país, en particular el Estado de México y la Ciudad de México, hay ejércitos de personas que recolectan firmas de manera ilegal.
Entre otros métodos, visitan edificios multifamiliares u oficinas, y a cambio de una pequeña suma para los vigilantes de los establecimientos –que equivalen a entre ocho y 10 pesos por credencial– fotografían las credenciales que las personas dejan como identificación para poder ingresar al lugar. Ocho pesos.
Por suerte, o más bien, por la cantidad de dinero que tiene que gastar el INE en cada elección para prevenir cualquier tipo de fraude, estos apoyos no parecen haber prosperado. El sistema electrónico del Instituto es tan especializado que tiene parámetros muy estrictos sobre qué documentos son en verdad válidos y cuáles no.
Sobra decirlo, pero esto no debería ser así. No se deberían estar gastando cientos de millones de pesos anuales para proteger a la democracia de los candidatos. Lo ideal –de lo cual siempre estamos muy lejos aquí– sería que los aspirantes y su gente fueran lo suficientemente honestos como para no tener que crear mecanismos tan sofisticados.
En cambio, lo que tenemos es lo siguiente. Hace unos días, Jaime “El Bronco” Rodríguez, precandidato independiente puntero, que ya alcanzó el número de firmas requeridas y ahora sólo necesita cumplir con la regla de los 17 estados, dijo lo siguiente:
“Eso no es una irregularidad, eso no es algo ilegal. La gente puede sacarle copias a una credencial y tomarle la foto y enviarla; ésa no cuenta, ésa no se aplica que cuente, eso no es un fraude, eso simplemente es una travesura de alguien. O alguien le saca (copia), tú mismo si eres mi gestor le puedes sacar cien copias a tu credencial y las envías y se va como duplicada, entonces solamente cuenta una, no cuenta el resto”, dijo a Reforma hace unos días.
Sí, eso dijo. En pocas palabras, que lo que sus recolectores hacían no era ilegal, porque el sistema no los dejaba meter firmas falsas. Como el sistema protege ante esto, entonces no estaba mal que lo hicieran. El argumento, en caso de que se las hubieran permitido, bajo la lógica del párrafo anterior, sería que como el INE permitió las firmas, entonces no hay problema. Así la visión de un precandidato a la presidencia de la república.
Pero no es el único. Aunque no ha dado declaraciones sobre el tema, Armando Ríos Píter, también conocido como “El Jaguar”, ha dado de qué hablar con el paso francamente increíble que lleva en su recolección de firmas. Según un análisis publicado en Buzzfeed México la semana pasada, el salto que dio el precandidato fue poco menos que increíble. En Morelos, por ejemplo, pasó, en una semana, de recolectar 821 firmas diarias a más de 13 mil en el mismo período. Dirá uno que qué bueno, que el “Macron mexicano” se está poniendo las pilas. Pero sí llama la atención que después de un mes en el que su promedio de firmas obtenidas era bastante bajo, todo haya cambiado de la noche a la mañana. Quizás ese fue su propósito de año nuevo.
Pero no sólo son ellos. También hay varios precandidatos a diputado federal que han mostrado anomalías en el proceso, al grado de que el INE contabiliza que más de un tercio tiene firmas irregulares. Más de un tercio.
Increíble pero cierto. México debe ser el único país en el mundo en el que la autoridad electoral existe para proteger los derechos electorales de los ciudadanos, frente a las transas de sus políticos, que supuestamente son sus representantes.
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