Por Esteban Illades
Durante la campaña del año pasado, el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador dijo que con su llegada al poder se terminaría la corrupción en la administración pública. Esto sucedería, dijo, porque las escaleras “se barren de arriba hacia abajo”, por lo que desde su posición se vigilaría a los subalternos. También, bajo ese mismo argumento, predicaría el presidente con el ejemplo: por ser una persona honesta, sus colaboradores actuarían conforme a sus parámetros de rectitud.
Pensar que esto sucedería de tajo era y es pecar de ingenuidad. Por más que un hombre honesto llegue al poder, la administración pública, tan amplia y compleja, no responde de inmediato. Pero ahí no queda el asunto: también es pecar de ingenuidad creer que la corrupción desaparezca, sea a corto o largo plazo. No por generalizar, ni caer en la cantaleta de que la corrupción es cultural, pero ningún gobierno del mundo ha desterrado la corrupción al 100%. Por poner un ejemplo de esta semana: Austria, país de relativa calma y prosperidad, irá a las urnas después de que se filtrara un video en el que el vicecanciller –el segundo al mando en el gobierno– negociaba contratos con agentes rusos.
Entiéndase, nadie está a salvo.
Pero ésa es sólo una cara de la moneda: el discurso. Porque la otra es la acción, en particular la acción que en serio busca limpiar al gobierno de la corrupción. Esa acción ha estado particularmente ausente en estos primeros cinco meses de gobierno, y cuando ha aparecido ha sido de manera equivocada. Como ejemplo está el caso de Bio Pappel, el conglomerado que incluye a Scribe. Bio Pappel ganó un contrato para venderle el papel de los libros de texto gratuitos al gobierno federal. Pero, al tratarse del, literal, compadre del presidente a la cabeza de la empresa, el presidente mismo decidió cancelar el contrato.
Lo que en un principio parecía una buena idea resultó mala: Bio Pappel no consiguió el contrato por los lazos de su dueño con López Obrador, lo consiguió porque lleva décadas en la industria. No se aprovechó de nada; ganó por ser la única empresa capaz de proveer tanto papel en tan poco tiempo.
Sin embargo, el presidente, bajo la creencia de no hacer cosas buenas que parecieran malas, y de mostrarse como transparente, optó por saltarse la ley y detener el asunto.
Saltarse la ley porque existen procedimientos para declarar desiertas las licitaciones. Es decir, evitó algo que estaba bien y que tenía que hacerse, y lo hizo mal por no respetar las leyes que lo regulan, todo con tal de que no le dijeran nada.
Eso, claro, cuando el gobierno quiso aparentar que su lucha contra la corrupción iba en serio. Porque en otros dos casos no sólo se ha hecho de la vista gorda, sino que ha ayudado a que la corrupción siga viva y coleando.
El primer caso es la regularización de las guarderías –los famosos CENDIs– operados por el Partido del Trabajo. Estos CENDIs han sido señalados por sus irregularidades desde hace años, cuando se le abrió una investigación al partido por la desaparición de 100 millones de pesos de recursos públicos a través de ellos. La investigación fue detenida –como muchas otras– en las últimas semanas de la presidencia de Peña Nieto. A pesar de la evidencia, y, también, de la mala imagen, el gobierno no sólo mantuvo la confianza en el PT, su aliado electoral, sino que la reforzó al grado de que le otorgará 800 millones de pesos. Eso, a pesar de que el presidente dijo en público en febrero que no lo haría.
Y el segundo caso es el revelado por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) ayer. Se trata de los negocios de Carlos Lomelí, candidato perdedor a la gubernatura de Jalisco por parte de Morena y actual “superdelegado” federal en el estado. Lomelí, empresario farmacéutico, ha ocultado su participación en diversas compañías del ramo que participan en licitaciones federales. Estas empresas han llegado incluso a “competir” entre ellas por el dinero federal, y ya han recibido cientos de millones de pesos de contratos este sexenio. Es decir, han aparentado ser distintas cuando en realidad no lo son. Y parte del dinero que han obtenido desde que Morena está en el poder ha sido por asignación directa, o sea que en otros momentos ni competir ha necesitado.
A diferencia de la situación de Bio Pappel, aquí se puede ver cómo Lomelí está, por lo menos, en un conflicto de interés más que obvio: está trabajando para el mismo gobierno que le otorga contratos a sus empresas, contratos que van todavía más viento en popa desde que él es parte de la administración pública federal.
Y lo está haciendo mientras oculta la información de manera hasta ridícula: la empresa que dice que no es suya tiene el mismo domicilio y los mismos socios que la empresa que sí es, según la investigación de MCCI.
La corrupción aún no se ha barrido; si acaso sólo se ha sacado la escoba en señal de que se planea barrer. Pero hasta hoy hasta ahí, porque el gobierno no ha hecho uso de sus herramientas para llevar a cabo lo que tanto prometió.
Bien podría el presidente empezar con Lomelí o con el PT para que el gobierno no quede, como otros tantos antes, en puros dichos. Por lo pronto, las metafóricas escaleras se cubren más de mugre, y cada vez es más fácil que alguien se resbale en ellas.
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