Por Esteban Illades
Si has entrado a redes sociales en las últimas semanas, si has escuchado al presidente desde hace dos años, sabrás que el distractor de estos días es la recolección de firmas para realizar una consulta popular en la que “el pueblo” decidirá si se enjuicia a los expresidentes del país.
Aunque el presidente ha dicho que votará en contra en caso de que haya consulta, él lo que quiere es empujar el tema. Y tiene sentido: logra desviar la atención de los múltiples problemas de su sexenio. Mejor hablar de las culpas del pasado que de las del presente.
El asunto es que pedir una consulta para después abrir un juicio no tiene ni pies ni cabeza. Vaya, en el remoto caso de que se lleve a cabo, será hasta contraproducente.
Pero vamos por partes.
Lo primero es recolectar firmas para una consulta popular, la cual se encuentra regulada por el artículo 35 de la Constitución. Se necesita una gran cantidad de firmas –2% del padrón electoral nacional– ; luego –si se lleva a cabo–, que vote el 40% del electorado para que se tenga por válida.
Sin embargo, antes de que esto ocurra hay otros candados. Uno de ellos es que no se puede someter a consulta la restricción de derechos humanos. Es por eso, por ejemplo, que el presidente nunca podría someter a consulta el matrimonio entre parejas del mismo sexo o el aborto, aunque ha sugerido a lo largo de los años que ésa sería una manera de acercarse a ambos temas. Si se vulneran derechos, la consulta no pasa. Y eso lo tiene que decidir la Suprema Corte.
En el caso concreto de los expresidentes, someter un posible juicio a consulta dañaría sus derechos más básicos: se perdería la posibilidad de un juicio justo, en el cual pudiera haber imparcialidad. No habría lo que conocemos como “debido proceso”.
Digamos, por ejemplo, que el presidente te quiere someter a juicio a ti, querido sopilector: si hiciera una consulta pública, una gran mayoría del país te creería culpable de inicio. Los hechos y la evidencia pasarían a un segundo plano. Nadie te podría garantizar que un juez te diera un juicio justo.
He ahí un gran problema, ¿no?
Por eso es probable que, en caso de que se juntaran las firmas, la Corte dijera que no avanza la consulta.
Otro problemón: la justicia no debe ser objeto de votación. Si existe un delito, debe perseguirse. Eso se establece en la Constitución y en nuestras leyes. Es obligación de la autoridad investigar cuando haya denuncia –porque hay delitos que sólo se pueden investigar así– o de oficio –no se necesita que alguien lo pida.
Someter a voto abierto pone en entredicho a la autoridad que investiga –en este caso la Fiscalía General de la República–. ¿Actuará sólo cuando haya votos de por medio? ¿Por qué votar en unos casos y en otros no? ¿Se abrirá la persecución de otros delitos a procesos similares?
He ahí un segundo problema nada despreciable.
Un tercero: ¿por qué motivo se les debe enjuiciar? Una cosa es querer ver a alguien en la cárcel; pensar que la persona haya sido corrupta, o se haya robado dinero; imaginar que bajo su gobierno se hayan cometido delitos.
Pero: no es nada más así, y esto se vincula con el punto anterior: juzgar a alguien implica que haya datos y hechos, incluso testimonios conforme a la ley, con los que existan indicios de que un delito se cometió. Tiene que haber un delito de por medio. No debe ser nada más “yo creo”, o “nosotros creemos”. No es nada más decir me cae mal y ya.
Imagínate que alguien un día dijera: yo creo que tú eres un transa, voy a preguntarle a los vecinos qué opinan. Así, sin más. Que no te pudieras defender, que no supieras siquiera qué delito dicen que cometiste. No podrías hacer nada de esto porque los vecinos ya estarían todos juntos decidiendo que tú debes ir a un juicio. Sería la “justicia” de la multitud. Y todos sabemos cómo termina eso: basta con voltear a ver a Springfield.
Y así nos podemos seguir con múltiples objeciones más.
Poner a consulta este tipo de cosas es una tomadura de pelo lisa y llana. En el muy poco probable caso de que se concrete, sale el tiro por la culata. Sin un proceso justo, es probable que el enjuiciado –en este caso cualquier expresidente vivo, incluido uno que está por cumplir 100 años– saliera libre por fallas de origen. Y ahí sí habría gente enojada.
Pero pues hay gente a la que le gusta el teatro por encima de la justicia. Ahí está el circo del caso Lozoya como referencia cercana.
Abrir la puerta falsa de los juicios a expresidentes sólo distrae de los temas importantes.
Hoy, por ejemplo, se presenta el segundo informe de gobierno de esta administración. Los logros son pocos –casi nulos–, y el panorama pinta más oscuro que nunca. Decía la semana pasada el secretario de Hacienda que el próximo año será el más difícil desde 1932, el peor de la Gran Depresión, y aquel que tiró al entonces presidente Pascual Ortiz Rubio. Ni las crisis de los setenta, ochenta, noventa –y más, como dice el lema de una estación de radio– se acercan a lo que estamos por vivir.
En gran parte por la situación mundial, pero también por el mal manejo local de la pandemia. Decía el subsecretario en esa misma intervención que ya no hay más “guardaditos”, que el dinero de las contingencias se acabó. El próximo año se enfrentará con lo que hay y nada más. El dinero debajo del colchón se lo fue gastando el gobierno antes de que llegara el coronavirus y ahora tendrán que enfrentar lo que viene como sea. Incluso si eso involucra obligar a burócratas a donar su sueldo o a comprar boletos para la no-rifa del no-avión.
Porque recordemos, también, las otras categorías en las que el gobierno no funciona. La violencia sigue igual. Habrá millones más de pobres por el estancamiento económico. El medio ambiente estará peor que antes: veremos el regreso a la pobreza de millones de personas. En medio ambiente veremos la destrucción de una reserva de la biósfera para hacer paso a un tren que correrá con diesel. También veremos cómo se gasta el poco dinero que hay en construir una refinería que de nada servirá, y en tratar de mantener a flote a Pemex, que está más allá de cualquier ayuda.
Eso sin contar el hecho más importante: seguimos a la mitad de la pandemia. México ya rebasó los 60,000 muertos; ya dejó atrás el medio millón de contagios. Parece cosa del pasado pero no lo es; el coronavirus hizo su casa en nuestro país. La pandemia sigue.
Entonces no te dejes distraer con una consulta que no lleva a ningún lado. Que no te apantallen diciéndote que se trata de crear ciudadanía, cuando lo único que hay es un burdo intento por tratar de cubrir no sólo el desastre en el que estamos, sino el que apenas va llegando.
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