Por Esteban Illades
Todos recuerdan la frase de hace años, pero muchos la recuerdan mal. El hoy presidente, enojado, dijo “al diablo con sus instituciones”. En el imaginario colectivo la frase se tradujo como “al diablo con las instituciones”. Podrá decirse que es una diferencia mínima, pero en la manera de pensar la política del nuevo gobierno, la diferencia es bastante marcada.
Cuando Andrés Manuel López Obrador hablaba de “al diablo con sus instituciones” se refería a lo que veía y ve como ataques contra “el pueblo”. Es decir, instituciones que sólo servían a algunos cuantos y no a la mayor parte de la población. Pensaba en concreto, en una institución que, al día de hoy, acusa de haberle hecho fraude a él y su movimiento: el entonces Instituto Federal Electoral, ahora Instituto Nacional Electoral (INE). Era el 1 de septiembre de 2006, y el candidato perdedor de la elección estaba por declararse presidente legítimo.
Cabe resaltar, sin embargo, que así como acusó a la institución de robarle la elección –y también al Tribunal Electoral–, nunca logró comprobar que en realidad le hubieran hecho fraude. Pero la consigna sigue viva hoy en día, y más con la popularidad presidencial entre los mexicanos. Si se le pregunta a sus seguidores más furibundos, el INE debe morir y ser reemplazado por la Secretaría de Gobernación (cuya última elección realizada, por cierto, a cargo de Manuel Bartlett, ha sido la más antidemocrática de la historia moderna de México, pero esos parecen ser pequeños detalles).
Pero regresemos al tema: “al diablo con sus instituciones”. Esta idea renace ahora con la así llamada transformación que lleva el nuevo gobierno. Pasó con la CRE, la Comisión Reguladora de Energía; la CNH, la Comisión Nacional de Hidrocarburos; acaba de pasar con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la CNDH; y si lo consigue Morena, pasará también con el INE: se trata de una modificación radical de quienes ocupan esos puestos.
Para el presidente y su gobierno, quienes antes desempeñaban esas funciones caben todos en un mismo costal. Son tecnócratas de escuelas privadas que sólo se dedicaron a robar dinero al pueblo sin entregar un solo beneficio. No hay medias tintas: eso es lo que son para Morena. Por eso se le abrió una investigación sin pruebas al comisionado presidente de la CRE, que acabó renunciando por el acoso gubernamental a pesar de que nunca se le comprobó nada. Eso sí, se le exhibió públicamente como criminal sin serlo.
Por eso se ha intentado hacer con otros funcionarios de organismos independientes: la idea es que quien ocupe esos puestos tenga el suficiente miedo o la suficiente lealtad como para que el presidente decida no meterse con él o ella, que apruebe lo que se le pida que apruebe sin chistar. Que se vuelva lo que se conoce como “oficialía de partes”, una oficina que sólo sella de recibido el documento.
Porque el presidente lo ha dicho muchas veces desde su estrado en la conferencia de prensa matutina. A él no le importa tener gente calificada, le importa tener gente afín que le ayude a llevar a cabo su proyecto. Es una forma de gobernar antigua: no se trata de tener a los mejores sino a los más leales. Por eso la secretaria de Energía, Rocío Nahle, prácticamente vive en donde se construirá algún día la refinería de Dos Bocas. Por eso Manuel Bartlett dirige la Comisión Federal de Electricidad, y Octavio Romero Pemex. Aunque los inversionistas internacionales digan con gran preocupación que se trata de funcionarios con nula capacitación, eso le tiene sin cuidado al presidente, porque siguen las órdenes que deben seguir y no oponen pero alguno.
La CNDH ha sido el caso más reciente. Sin duda ha sido un organismo problemático. En sus primeros años fue un horror: el tiempo que la ocupó José Luis Soberanes fue de los más oscuros. Pero en su última época había hecho un gran trabajo: a la par de que las tragedias se multiplicaban en el país y el gobierno anterior no hacía nada por siquiera fingir que le importaban, ahí estaba la CNDH. Esta comisión fue la que mejor documentó Tlatlaya, que no es otra cosa que el homicidio de personas inocentes por parte de fuerzas federales. La CNDH es la que más claro ha dejado lo que sucedió –o no– en la tragedia de Iguala. Pero justo por ese papel cada vez más relevante es que hoy se le descalifica. Porque era independiente.
Entonces, en lugar de buscar a alguien que mantuviera en jaque al gobierno, que funcionara como contrapeso, se buscó otra oficialía de partes. Alguien que no hiciera olas. Se mandó al diablo, pues, a “sus” instituciones, las que respondían a otros, en este caso a la sociedad. Porque, para efectos prácticos, “al diablos con sus instituciones” es en realidad un camino para decir “mis instituciones”. No unas que sirvan a todos, como debe ser, sino unas que sirvan a intereses particulares. Es la otra cara de la moneda, pero la cara es la misma: a fin de cuentas lo que el nuevo gobierno busca son instituciones que promuevan su proyecto y que no alcen la mano para avisar cuando las cosas salen mal. Busca apoyo y nada más.
Lo que tenemos, entonces, es una lucha por quién se queda las instituciones: nosotros o ellos. Pero esa visión binaria del aparato estatal sólo demuestra que no se entiende para qué deben servir las instituciones: deben ser organismos que perduren y trasciendan a presidentes que en unos años regresarán a ser simples y sencillos ciudadanos, a quienes las instituciones deberían responder pero no lo harán.
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