En sus redes sociales, Patricia Mercado, exsecretaria de Gobierno de la Ciudad de México y candidata al Senado por Movimiento Ciudadano (MC), desmintió que intentará ampliar el plazo legal para llevar a cabo un aborto.

La información se desprende una imagen que dice lo siguiente:

“Patricia Mercado, titular de la Secretaría de Gobierno capitalina, señala que luchará para que las mujeres puedan abortar hasta las 24 semanas (6 meses) de embarazo en la CDMX”.

Pero la misma Patricia Mercado negó esta información: “Es falso lo que dice. Nunca he hecho esa propuesta“.

La imagen tiene el título de Noti Express e incluye las redes sociales, así como la página web de yoinfluyo.com. Sin embargo, en este portal no hay ninguna nota reciente sobre la exfuncionaria.

La última publicación en la que se cita a Patricia Mercado es del 22 de junio de 2017, en una nota titulada ‘Afianza gobierno capitalino apoyo a población lésbico-gay’.

Este portal, sin embargo, sí ha señalado a Mercado como promotora de la extensión del número de semanas en las que se permita abortar.

Por ejemplo, en una nota del 1 de mayo de 2017, se citaba a Ángel Souberville, presidente de Pasos por la Vida, condenando “la pretensión de la secretaria de Gobierno, Patricia Mercado, de promover que las autoridades extiendan hasta las 24 semanas de gestación la Interrupción Legal del Embarazo”.

Verificado 2018 hizo una revisión de los discursos de Patricia Mercado sobre el aborto y no encontró que ella haya dicho esta propuesta, así que su desmentido tiene sustento.

El origen de la confusión

En abril de 2017, durante el décimo aniversario de la aprobación de la interrupción legal del embarazo (ILE) en la Ciudad de México, la activista Martha Lamas propuso extender el plazo en el que se puede abortar de 12 a “16 o 18 semanas”.

Lamas también señaló que en Inglaterra el aborto está despenalizado hasta las 24 semanas y que habría que impulsar ese debate.

En esa misma conmemoración, Patricia Mercado señaló que esta discusión podría darse como parte de la armonización del Código Penal y la Ley de Salud locales, que tuvo lugar en la Asamblea Legislativa (ALDF).

“La propuesta de lo que dijo Martha Lamas es muy importante que se discuta, porque viene la Ley reglamentaria de lo que quedó en la Constitución y en ella está muy clara la libre autodeterminación, los derechos sexuales y reproductivos, en los próximos dos años vamos a ver nuestro Código Penal y nuestra Ley de Salud y ahí se hará esta discusión”, dijo.

Sin embargo, la exsecretaria no propuso ni impulsó la extensión del plazo.

En ninguna parte de su discurso hace referencia a ampliar el plazo hasta las 24 semanas de embarazo.

Desde que se aprobó la ILE, el 26 de abril de 2007, hasta la misma fecha de este año, 194 mil 505 mujeres se han acogido al programa en la capital. El 30% de ellas procedían de otras partes del país y del extranjero, y una de cada dos cuenta con la secundaria o estudios superiores.

Por grupo de edad, 69% de las solicitantes se encontraba entre los 18 y los 29 años cuando abortó.

El debate sobre las 24 semanas

Regina Tamés, directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), una organización de defensa de los derechos reproductivos de las mujeres, explica que todavía no ha habido una discusión en la Ciudad ni en el país para ampliar el plazo del ILE, “lo que sí se ha dicho es que se debe estudiar caso por caso”.

Hasta ahora, la Ley de Salud de la Ciudad de México permite la interrupción legal del embarazo durante las primeras 12 semanas o en las 20 primeras semanas en determinados casos: para víctimas de delito sexual, si la vida de la mujer está en riesgo o si hay malformaciones en el feto.

Tamés señala que el plazo ampliado es “particularmente importante para violaciones y para la salud materna, porque hay padecimientos que se detectan después de la semana 20 o porque si te detectan un cáncer no puede ser que tengas que continuar con el embarazo sin recibir el tratamiento”.

Para Tamés, la ampliación del plazo supondría una mayor libertad para la mujer y un avance en los procedimientos médicos.

“La obligación del Estado es garantizar el servicio. Es una ley que liberaliza, no obliga a nadie”, dice la experta, que cita como ejemplo el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el que se eliminaron requisitos para abortar a las víctimas de violación que exigían que la víctima denunciara para poder acceder a la ILE.

“Había niñas embarazadas por abusos que no querían denunciar a sus papás o tíos, pero las obligaban a hacerlo para poder abortar, cuando la denuncia es un derecho, no una obligación. Hoy sólo con la palabra de la mujer es suficiente para que le brinden el servicio y es un gran avance”.

Otras expertas como Georgina Montalvo, educadora sexual de la Asociación Mexicana para la Salud Sexual A.C., consideran que “el primer paso sería lograr que el aborto sea legal en todo el país antes de las 12 semanas y homologar el resto de las causales, pues actualmente cada entidad las define en sus respectivos códigos penales.

Eso significa que en México las mujeres acceden al aborto en distintos escenarios según la entidad en que vivan y eso no debería ser. Hasta que no se resuelva eso se puede pensar en la ampliación del plazo. Ahora no tendría ningún sentido”.

En marzo, el Senado de la Ciudad de México aprobó una reforma a la Ley General de Salud para incluir la objeción de conciencia, que permite al personal médico negarse a prestar algunos servicios como el aborto o la eutanasia. Durante los debates en ambas cámaras, legisladores como Angélica de la Peña se opusieron a la reforma al considerar que estaba “dirigida para contrarrestar la progresividad de los derechos de las mujeres a decidir sobre nuestro propio cuerpo”.

Irene Larraz / Verificado 2018

**Foto de portada: Cuartoscuro.

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