Han pasado 62 días desde que un inmenso socavón se abrió en el Paso Exprés Tlahuica, ubicado en Cuernavaca, Morelos. Dos meses en los que Gerardo Ruíz Esparza, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y Graco Ramírez, gobernador de la entidad, se han echado la pelotita sobre las omisiones que posibilitaron la tragedia que cobró la vida de Juan Mena López y Juan Mena Romero. Los peritajes sobre la obra han revelado que la vialidad tuvo un error de diseño y falta de supervisión. La obra se entregó tarde, costó más del doble de su presupuesto original, presentó irregularidades durante su construcción y no se atendieron las quejas y denuncias sobre su funcionamiento y estado. Aun así fue inaugurada con bombo y platillo por estos dos personajes que ahora se echan la culpa entre ellos y el presidente Enrique Peña Nieto.
De acuerdo con la Secretaría de la Función Pública, se han encontrado 22 irregularidades en cuatro de los contratos de la obra del Paso Exprés, mismas que ascienden a mil 34 millones de pesos. Entre las observaciones que hizo la dependencia se encuentran rarezas en los procedimientos de licitación y/o adjudicación, trabajos que fueron ejecutados sin comprobación alguna, inadecuada planeación y programación de la obra, pagos en exceso, omisión a las recomendaciones técnicas y faltas en la elaboración del finiquito de contratos. Los señalamientos se desprenden de tres áreas auditadas: la dirección general del centro de la secretaría de Comunicaciones y Transportes Morelos, la dirección general de desarrollo carretero y la dirección general de carreteras.
La dependencia encabezada por la exprocuradora Arely Gómez comunicó que las áreas auditadas cuentan con 45 días hábiles para atender las irregularidades y responder satisfactoriamente. En aquellos casos en que se identifiquen actos indebidos por parte de servidores públicos, o no se atiendan las observaciones, se iniciarán los respectivos procesos para imponerle sanciones a los involucrados.
