La pregunta podría ser bastante ingenua, pero para no estar en entre dichos, la Procuraduría General de la República está investigando una red de lavado de dinero y evasión fiscal que podría conducirnos hasta los partidos políticos.
Según Reforma, la investigación muestra que esta trama criminal habría sido utilizada por empresas de telecomunicaciones (aún no levantaremos el dedo para señalar), casinos y campañas electorales a través de la simulación de contratos y transferencias a Suiza, Dubai y a las Antillas Holandesas.
Por ejemplo, los monederos electrónicos de Monex (esa empresa de la cual vemos comercialitos en Internet y que tanto dio de qué hablar en las elecciones pasadas) que fueron utilizados en la campaña electoral presidencial de Enrique Peña Nieto, fueron financiados, en parte, por una red criminal dedicada a la venta ilegal de facturas, simulación de contratos y el lavado de dinero.
Fueron por lo menos 23 millones de pesos los que ingresaron a la campaña del PRI en el 2012, provenientes de un entramado de empresas «virtuales» vinculadas a Edicom, Edificaciones, Ingeniería, Construcciones y Materiales que llevaban años de haber sido reportadas por realizar operaciones financieras sospechosas.
Según un reporte de la UIF del 2 de junio del 2012, en el sexenio pasado, la Unidad de Inteligencia Financiera y la SEIDO empezaron a indagar una serie de transferencias inusuales para pagar jets militares, yates, «carros exóticos» y diamantes, porque sospechaban de que se estaría realizando lavado de dinero del narcotráfico.
Las investigaciones pronto lanzaron un nombre: Raúl Álvarez Longoria, quien habría inyectado 10 millones 116 mil pesos a los monederos electrónicos Monex (así lo indica el oficio 110/H/787/2012).
También saltó otro nombre, otro sujeto que habría recibido dinero de este grupo delictivo, hablamos de Mauro Calzada Cisneros, quien, según el IFE el año pasado, proporcionó 13.1 millones de pesos a los monederos del PRI.
Además, ambos se conocían (o tenían algún vínculo) ya que Longoria hizo un depósito a la cuenta de Calzada a la cuenta 4052982519 de HSBC.
Los recursos de ambos sujetos son parte de los 44 millones de pesos que pasaron por los monederos Monex y cuyo destino no pudo ser comprobado por el PRI ante el IFE, a pesar de que este año este partido fue absuelto de responsabilidad.
Además hay otras dos mujeres (una de 27 y otra de 33 años) vinculadas a estos sujetos. Según la Secretaria de Hacienda y la PGR, ambas recibieron en cientos de depósitos bancarios, alrededor de 619 millones de pesos, mismos que retiraban el mismo día en que los recibían.
Según Reforma, este caso es parte de lo que el SAT denomina «fraude carrusel», que son las defraudaciones por más de 105 mil millones de pesos que entre el 2008 y el 2012 habrían causado grupos delictivos que venden comprobantes fiscales para deducciones fraudulentas.
En estos fraudes, tanto entidades gubernamentales, como particulares, e, incluso, grandes contribuyentes (peces gordos) «contrataban» los servicios de las compañías vinculadas a Edicom y recibían su respectiva factura, pero, además, también la devolución de la mayor parte de dinero en efectivo, salvo el porcentaje de IVA y un cobro por comisión.
Estas empresas también recibían sumas millonarios de dinero de grandes consorcios, casinos, políticos del PRI y familiares de funcionarios calderonistas, para transferirlos a Panamá, Hong Kong, Dubai, Antillas Holandesas y Suiza.
EL 28 de junio del año pasado la SEIDO comenzó con una investigación por lavado de dinero, pero 35 días después el gobierno de Felipe Calderón instruyó que el caso fuera indagado sólo por delitos fiscales.
Así que el caso fue turnado a la Subprocuraduría de Delitos Federales.
Según este diario, un funcionario afirmó que la instrucción de cancelar la investigación por lavado de dinero, vino después de enterarse que Edicom también estaba vinculada con la campaña de Josefina Vázquez Mota, aunque las evidencias fueron desaparecidas en la administración de Calderón.
De hecho, según la Auditoria Superior de la Federación, la PGR descubrió que la trama empresarial que blanqueaba activos, recibió dinero de la Secretaría de Salud a través de contratos que nunca fueron comprobados que se cumplieran.
Lo más siniestro es que, a pesar de que las empresas relacionadas con Edicom no se dedicaban al giro que tenían registrado oficialmente y que sus propietarios eran en realidad empleados con ingresos menores a los 4 mil pesos mensuales, un mes después de la elección la PGR renunció a indagar el lavado.
Una fuente conocedora del asunto, afirmó que este caso sería el que les permitiría continuar con sus actividades a varios funcionarios, tras el cambio de gobierno:
«Esta investigación es el seguro de vida de la Procuradora Marisela Morales, de los ex titulares de la Secretaría de Hacienda y el SAT, José Antonio Meade y Alfredo Gutiérrez Ortíz Mena, no es casualidad que sean los únicos que recibieron cargos en el sexenio del PRI»
«El motivo por el cual esta indagatoria fue cancelada en la SEIDO es que también descubrieron operaciones financieras que tocaban la campaña de Josefina Vázquez Mota, pero esta información fue rasurada»
