El Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en México advirtió que los padres de los 43 estudiantes desaparecidos se encuentran en peligro tras el inicio de una campaña de difamación en contra de los normalistas de Ayotzinapa.
El comisionado Javier Hernández Valencia dijo a la destacada periodista Jo Tuckman, en entrevista para The Guardian, que tanto los padres como los manifestantes que exigen justicia para los normalistas de Ayotzinapa necesitan protección ante la campaña de desprestigio y iniciada recientemente en contra de los estudiantes desaparecidos a través de las redes sociales.
“Algunos están empezando a difamar e insultar a los estudiantes desaparecidos y a menospreciar a sus padres y sus demandas”, dijo Hernández. “La gran ola de protesta generada por el caso de los 43 estudiantes necesita ser protegida”.
En su artículo, Tuckman remarca el tono violento que han tomado los finales de algunas de las manifestaciones cuyo desarrollo es, por lo demás, pacífico. Esto finales, dice, se han caracterizado por “pesadas” y agresivas estrategias policías, motivadas por la presencia de agentes provocadores.
Frente al grueso de la prensa extranjera, cuya atención se ha centrado en tales episodios violentos, tanto Tuckman como Hernández Valencia recuerdan que el desarrollo de las protestas ha tenido un tamiz por lo demás ordenado.
Según el comisionado, es cada vez más frecuente encontrar en redes sociales comentarios en contra de la imagen de los estudiantes con una tendencia sistemática que “lamentablemente impactan también en la forma en que las manifestaciones son tomadas y también la manera en que la policía reacciona durante las protestas”.
La Comisión de Derechos Humanos de la ONU, así como Amnistía Internacional han cuestionado la impertinencia de las palabras de procurador Murillo Karam cuando desestimó lo ocurrido en las inmediaciones de Iguala como posible crimen de Estado: “se requiere mucho más que eso” afirmó el futuro Fiscal General.
Frente a aquellas apalabras, Amnistía Internacional emitió un comunicado este fin de semana en el que se leía:
“En el recuento más reciente de las desapariciones de los estudiantes, el Procurador General Murillo Karam ha fallado en reconocer que se trata de un crimen de Estado y no de un hecho aislado. También, olvidó mencionar la negligencia y complicidad del Estado en la investigación de una serie de denuncias contra el Alcalde de Iguala y el hecho de no llevar a la justicia a los integrantes de la Policía Federal y local involucrados en el asesinato y la tortura de otros estudiantes de Ayotzinapa en 2011”.
Los intentos de desacreditar a los 43 estudiantes desparecidos, señala Tuckman, se basan en el supuesto radicalismo de la Normal de Ayotzinapa, en donde el plan de estudios cuenta con materias sobre luchas sociales.
“Lo que nos queda claro es que estos jóvenes no fueron desaparecidos por un hecho de la naturaleza, sino por una acción de la que son responsables funcionarios estatales, que eran servidores públicos y, en ese sentido, se da la desaparición forzada”, firmó ante los hechos el comisionado.
Vía: The Guardian
