La ONU expresó lo que en México era algo conocido pero no expresado: La ejecución de las 22 personas en Tlatlaya, Estado de México, por parte de militares es solo un caso de un conjunto más grande de crímenes cometidos por soldados y policías que no han provocado una reacción del Estado.
Para cualquier persona que crea en que debemos vivir en un país de leyes y que garantice los derechos humanos de sus ciudadanos, el caso Tlatlaya es escandaloso. Y es que no se deben violar los derechos humanos de nadie, ni siquiera si se tienen sospechas de que se es un criminal, pues en un estado justo no hay excepciones (las excepciones se dan en las dictaduras y los fascismos).
En una reunión con diputados de la comisión legislativa que colabora en la investigación del asesinato de los 22 civiles, el representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Javier Hernández Valencia, pidió a los legisladores no esperar a que los casos se den en el pías «de 20 en 20» para reaccionar y alarmarse.
Hernández Valencia recordó que las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre violaciones de militares a estas garantías, no han tenido consecuencia en llevar a los responsables ante la justicia y mucho menos han desencadenado acciones que prevengan que hechos de esta naturaleza sigan ocurriendo.
Hernández indicó a la comisión que desde que los militares están en las calles de México, se han señalado las violaciones al gobierno federal, pero, aún así, no hay cambios institucionales, a pesar de las recomendaciones de la CNDH y de organismos internacionales… es decir, han hablado de los crímenes cometidos por elementos de seguridad al gobierno y a este le ha valido pepino y medio.
Como ejemplo de las atrocidades que la ciudadanía mexicana ha soportado está el asesinato de la niña Tania Azucena Corona, de 12 años, muerta de un balazo en la cabeza disparado por un militar en marzo del 2009, en Buenavista Tomatlán, Michoacán; o el de los estudiantes becados por excelencia por el Tec de Monterrey Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, asesinados por militares en marzo del 2010 en la capital de Nuevo León.
También está el secuestro de 10 cazadores (entre ellos un menor de edad) en León, Guanajuato, cometido por policías municipales de Joaquín Amaro, Zacatecas, ocurrido en diciembre del 2010. Los agentes habrían entregado a las personas a la delincuencia organizada…desde entonces están desaparecidos.
Así que sí, tanto Tlatlaya como Ayotzinapa nos muestran varias cosas: uno, que al Ejército no le interesa respetar los derechos humanos, la Constitución y los protocolos de su propia institución; y el otro nos muestra lo coludidas que están las autoridades con el crimen organizado.
México está siendo destruido por la clase política, funcionarios y criminales… ya no podemos tolerar esto.
