Un estudio de la Organización Internacional del Trabajo, revela que los países en desarrollo necesitarían invertir 1.2 billones de dólares para garantizar la protección social básica, lo que significa una completa utopía, con estos cálculos probablemente nunca podrían recuperarse de la pandemia, pues claramente los gobiernos tienen otras prioridades y si no invirtieron en garantizar la cobertura de salud durante el pico más alto de casos de COVID-19, difícilmente lo harán ahora.
Más que una amenaza, el informe expone la urgencia en materia de protección social, cuyo déficit de financiamiento ha aumentado alrededor del 30%, aún a pesar que el acceso a los servicios médicos es considerado como uno de los principales derechos humanos. Pero, en la realidad, la crisis del COVID-19, solo ha sido una dramática demostración de las consecuencias que tienen los elevados déficits de cobertura.
“Ya antes de la crisis de la COVID-19 era evidente que la comunidad internacional no estaba a la altura de los compromisos jurídicos y políticos que había contraído a raíz de la última catástrofe mundial: la crisis financiera de 2008. Esos amplios y persistentes déficits en cuanto a la cobertura, así como el alcance y la suficiencia de la protección social están vinculados a importantes brechas en el financiamiento, que se han agravado aún más debido a la pandemia”, señala el OIT.
Añadiendo que “por una parte, ha aumentado la demanda urgente de protección social y, al mismo tiempo, los recursos gubernamentales han resultado mermados por la disminución de los ingresos fiscales y de las contribuciones al seguro social.”, señala la organización en el estudio “Brechas en el financiamiento de la protección social: Estimaciones mundiales y estrategias para los países en desarrollo en el contexto de la crisis de la COVID-19 y más allá”.
Déficit en asistencia sanitaria
Este déficit es consecuencia de un incremento de la necesidad de servicios de asistencia sanitaria y de seguridad del ingreso para los trabajadores que perdieron su empleo durante el confinamiento y la disminución del PIB causada por la crisis. En general, la situación es particularmente grave en los países de bajos ingresos los cuales necesitarían gastar cerca de 16 por ciento de su PIB – alrededor de 80.000 millones de dólares – para subsanar el déficit.
La propuesta
Es evidente que los países en desarrollo no podrían solventar una inversión de 1.2 billones de dólares, en pocas palabras, el equivalente al 3.8% de su PIB en promedio. De acuerdo con el organismo, en la actualidad, sólo 45 por ciento de la población mundial está efectivamente cubierta por al menos una prestación de protección social. El resto de la población, más de 4.000 millones de personas, está completamente desprotegida.
Aún así y a pesar de que inevitablemente el mundo ha perdido a más de 948 mil personas, hasta ahora, el planeta entero ha salido adelante adoptando una serie de medidas para amortiguar los efectos sanitarios y socioeconómicos más adversos de la pandemia por COVID-19, pero para que los países en desarrollo sigan arrastrando como lastre las consecuencias de la pandemia a pesar de lograr erradicar el virus la OIT, tiene una serie de propuestas, aunque cabe mencionar, no todas son precisamente beneficiosas para los trabajadores.
La movilización de recursos a nivel nacional e internacional para mitigar la crisis de la COVID-19 ha proporcionado asistencia financiera a corto plazo, pero ello solo representa una pequeña proporción de la cuantía necesaria para cerrar la brecha en el financiamiento de la protección social en los países en desarrollo, la OIT propone redoblar esos esfuerzos y proteger la inversión actual contra las medidas de austeridad que ya se están empezando a adoptar a medida que la crisis retrocede.
Esfuerzo conjunto
Otra de las propuestas tiene que ver con ampliar el espacio discal para la protección social, una idea con la que muchos trabajadores no estén de acuerdo, sin embargo la organización insiste en que con una mayor recaudación de impuestos beneficiaría el aumento de la base contributiva para financiar la seguridad social y con ello la reducción de los flujos financieros ilícitos internacionales; la reasignación del gasto público; y un marco para la gestión macroeconómica más flexible
Trabajar en los planos nacional, regional y mundial con todos los actores pertinentes, incluidas las instituciones financieras internacionales, a fin de aumentar el financiamiento de la protección social mediante la solidaridad nacional e internacional. “Las decisiones de política sobre el financiamiento deberían basarse en las obligaciones en materia de derechos humanos y en las normas internacionales de seguridad social, a fin de asegurar la suficiencia de la protección social y que su financiación sea sostenible, eficiente y equitativa”.
Mientras que quizá la propuesta más factible para beneficiar a los países en desarrollo radica en la propuesta para el intercambio no solo de recursos económicos sino también en especie. Es decir, que además de financiamiento temporal y parcial de las prestaciones de protección social en los países en desarrollo mediante mecanismos de financiación internacional, se podría crear un centro médico internacional que pueda operar en distintas partes del mundo.
