Listas para ser desacreditadas por cualquier priista, llegan las declaraciones de un exfuncionario de la empresa brasileña, Odebrecht, con las cuales se reforzaría las acusaciones en contra de Emilio Lozoya y la sospecha de que la campaña del presidente que pide que ya no le echen la culpa a todo de la corrupción, habría sido financiada por – irónicamente – movimientos altamente corruptos.
De acuerdo con Reforma, Carlos Fadigas, actual colaborador de la justicia brasileña y que hace un par de años se desempeñaba como director de Braskem, declaró que él y su gente acompañaron “de tiempo completo toda la campaña del PRI, del partido PRI, y del actual presidente Enrique Peña Nieto. No sólo de él, sino también de su equipo”. Esta declaración se refuerza con la revelación hecha por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, quienes dieron a conocer documentos que comprueban que la empresa Braskem – filial de Odebrecht – hizo tres transferencias por 1.5 millones de dólares a la empresa Latin America Asia Capital, vinculada con el entonces coordinador de Vinculación Internacional de Peña Nieto, Emilio Lozoya.
Detrás del cese al fiscal de @FEPADE_Mex está la investigación del posible dinero ilícito de Odebrecht que podría hacer q @PRI_Nacional perdiera el registro https://t.co/OTqTcCES5m
— Salvador García Soto (@SGarciaSoto) 23 de octubre de 2017
Luego de darse a conocer los documentos en que constan las transferencias, la defensa de Lozoya aseguró que las cuentas expuestas no pertenecen al exdirector de Pemex y, por lo tanto, Lozoya Austin no tiene relación con el dinero a que se hace referencia. Por su parte, el propio Emilio Lozoya acusó que en torno a su persona existe todo un cúmulo de desinformación, por ello – y aunque deberá guardarse bajo sigilo judicial – difundió en redes sociales un nada contundente documento en el que apunta que mejor los medios de comunicación saben de denuncias de las que él no estaba ni enterado.
Ante la desinformación de quienes mienten, difundo documento procesal que se debía guardar bajo sigilo judicial: https://t.co/MmvN7IMeeW
— Emilio Lozoya Austin (@EmilioLozoyaAus) 21 de octubre de 2017
Por lo anterior, avisa que ya cuenta con abogados, los cuales habrán de enterarse de cualquier acusación en su contra, especialmente si hay alguna relacionada con la empresa Odebrecht. Caso contrario, se estarían violando sus derechos humanos y garantías constitucionales. “Para los mentirosos y violadores de la ley, la politiquería es el camino preferido”, agregó en Twitter el exdirector de Petróleos Mexicanos.
Recordemos que la semana pasada el diario Reforma publicó una entrevista con Santiago Nieto Castillo, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), en la cual afirmó que Lozoya lo presionó para que declarara públicamente su inocencia y le ofreciera una disculpa pública, esto por medio de una carta. “Creo que esta carta refleja en gran medida la impunidad, es decir, el planteamiento de que ‘soy una figura pública. La autoridad se tiene que disculpar‘. Esto es lo que me parecía particularmente grave”.
Empresarios, activistas y organizaciones ciudadanas califican como sospechosa la destitución de Santiago Nieto. https://t.co/n83naj0CLi pic.twitter.com/hQdGBbnMib
— ONEA México (@oneamexico) 21 de octubre de 2017
En efecto, los nada poderosos argumentos que Lozoya ofreció a Nieto Castillo para que fuera declarada su inocencia de las investigaciones en su contra por la posible aceptación de sobornos de la empresa Odebrecht, cuando él era director de Pemex, a cambio de favoritismos en contratos gubernamentales, fueron un currículum en donde le explicaba al fiscal quiénes eran su papá y su mamá, además de en qué escuela había estudiado… dos días después de esta acusación, Santiago Nieto fue destituido de su cargo en la Fepade, acusado“transgredir el Código de Conducta” de la Procuraduría General de la República (PGR).
De esta manera, la Procuraduría General de la República reitera su compromiso de vigilar que las actuaciones de los servidores públicos sean apegadas a la legalidad y ética institucional, así como a las disposiciones de la investigación del Sistema Procesal Penal Acusatorio, protegiendo en todo momento los derechos humanos de la sociedad en su conjunto”, señaló la Procuraduría por medio de un comunicado.