Si querían saber qué fue lo que falló en aquel operativo realizado en 2009, con el que se permitió la filtración de más de 2 mil armas a territorio mexicano, pues se quedarán con la duda, ya que el presidente de Estados Unidos, ha decidido que no es el momento de aflojar la información.
Haciendo uso del fuero que le permite clasificar y no entregar información, mejor conocido como “privilegio ejecutivo”, Barack Obama no entregará al Congreso de su país – específicamente a una comisión de la cámara- documentos acerca de la operación fallida ya no tan secreta conocida como “Rápido y Furioso”.
Lo anterior aplica a archivos que explican cómo se enteró el departamento de Justicia que había problemas con la operación, en la cual armas adquiridas ilegalmente en Arizona llegaron a manos del crimen organizado en México, señaló el presidente del Comité de Supervisión, Darrell Issa.
Pero mientras eso pasa, el secretario de Justicia, Eric Holder, por querer aplicar la misma que Obama y tampoco entregar documentos solicitados, se encuentra en audiencias por considerar como desacato el no cooperar con las investigaciones, “si no recibimos ningún documento, iremos adelante” con la votación para declarar a Holder en desacato del Congreso, declaró Issa a la prensa.
Por su parte Brendan Buck, el secretario de prensa del titular de la Cámara de Representantes, John Boehnern, cuestionó la decisión del presidente Obama: “Hasta ahora, todos creían que las decisiones relativas a ‘Rápido y furioso’ estaban confinadas al Departamento de Justicia. La decisión de la Casa Blanca de invocar el privilegio ejecutivo implica que los funcionarios de la Casa Blanca estuvieron implicados en la operación ‘Rápido y furioso’ o en el encubrimiento posterior (…) “El gobierno siempre insistió en que no era así. ¿Estaba mintiendo o ahora tergiversa la ley para ocultar la verdad?”.
En lo que va de la investigación que data desde hace año y medio el departamento de Justicia ha entregado poco más de 7 mil documentos relacionada con “Rápido y Furioso”, pero al parecer no ha sido suficiente la información otorgada. “Aquí está la prueba de que el Departamento de Justicia en Washington, no en Arizona, sabía de esta táctica de dejar pasar armas, antes de la muerte de Brian Terry. Tenemos una investigación fraudulenta federal, un patrullero muerto y cientos de ciudadanos mexicanos muertos”, señaló el congresista republicano, Trey Gowdy.
