En el marco de una crisis de seguridad insostenible pero también en el de una penetración del crimen en diversas esferas de gobierno que ha revelado la profunda debilidad de las instituciones gubernamentales y la terrible corrupción de funcionarios de todos los niveles, Peña Nieto presentó hoy una serie de medidas a tomar para, según afirmó, poner fin a esta situación.
Las medidas son de dos clases: de seguridad y económicas. A su vez, las estrategias son básicamente dos: centralización del mando policiaco y descentralización de los centros económicos del país.
Estas dos medidas no son nuevas: muchas administraciones pasadas han buscado restar fuerza a las policías locales y han creado diversas instituciones, ahora disueltas, para absorber responsabilidades de seguridad hacia esferas más altas. Esperamos que la estrategia de Peña sea distinta, pues todas las anteriores, en este sentido, han fracasado. No necesitamos ir muy lejos: la Policía Federal Preventiva (PFP) de Zedillo, la Agencia Federal de Investigación (AFI) de Fox y la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSPF) de Felipe Calderón tenían tareas similares y sustituyeron cada una a su antecesora sin lograr éxito alguno.
No deja de surgir la pregunta ¿qué hace diferente a esta estrategia? Lamentablemente, la única garantía con la que contamos es la palabra del presidente con 2 años de estrategias fallidas en materia de seguridad.
A continuación te presentamos las 10 medidas propuestas por Peña y te contamos cuáles son nuestras preocupaciones y dudas sobre cada una de ellas:
1. Iniciativa de reforma constitucional que expide una ley contra la infiltración del crimen organizado en las autoridades municipales.
La idea fundamental de Peña es simplificar los mandos policiacos y eliminar las policías municipales. Muchas de ellas, como ejemplifican los casos de Iguala y Cocula, están prácticamente infestadas de funcionarios corruptos. No obstante, al eliminar tales cuerpos de seguridad, la protección de los municipios estaría a merced de las decisiones de los gobiernos del estado. Los alcaldes no tendrán más en sus manos la seguridad de sus localidades.
Esta decisión atenta contra la idea de federalismo, es decir, contra la idea de que el país esté dividido en unidades más o menos autónomas cuyos gobernantes puedan cumplir, al menos, con la primera de las tareas del Estado: garantizar la seguridad.
De esta manera, cada vez que el gobierno del estado no responda a las demandas de seguridad municipales, se darán brotes de policías comunitarias (en efecto, históricamente, el origen de la policías es justamente ese: cuerpos de seguridad civil que protegen a los ciudadanos frente al crimen, pero también frente a los poderes mayores). Estas policías servirán, a su vez, como argumentos de las fuerzas federales para penetrar continua y sistemáticamente en los estados de la república, como ya han hecho antes.
3-. Creación de policías estatales únicas. Crear un nuevo modelo policíaco con 32 sólidas corporaciones de seguridad estatal en lugar de la más de mil 800 policías municipales. Guerrero, Michoacán, Tamaulipas y Jalisco, serán los primeros estados en tener Policía Única Estatal.
Momentos desesperados exigen soluciones desesperadas: esta es la idea detrás de la unificación y centralización de la seguridad impulsadas ahora por el gobierno federal. ¿Pero es este el esquema más conveniente?, ¿pueden los altos mandos de corporaciones policiacas enormes dar solución con mayor eficiencia a problemas de pequeñas localidades que sus propios habitantes?
Por supuesto, la respuesta inmediata a esta pregunta es: son las policías municipales las que tienen un problema más profundo de corrupción. Esto es verdad, aunque la existencia de este problema no implica que la unificación de mandos sea la única solución. Recientemente, el gobierno federal, tras asumir el control de Michoacán, renombró y legalizó a las policías comunitarias bajo el nombre de Fuerzas Rurales. En Guerrero, han sido grupos de guardias comunitarias los que más fosas clandestinas han encontrado durante la investigación del caso Ayotzinapa. ¿Qué ocurrirá con estas organizaciones?
El problema de la corrupción exige una solución. Sin embargo, ese no es argumento suficiente para asumir que la única opción es la unificación de los mandos. Antes bien, si no hay una limpieza efectiva de la corrupción, la unificación de las policías equivale a la institucionalización de la narco-policía.
4-. Acelerar la creación de un teléfono único para pedir auxilio, ayuda y orientación para obtener una respuesta inmediata en el combate a la delincuencia. El #911 será instaurado en México, para atender emergencias y denuncias ciudadanas en el país.
Aunque la idea de unificar los números de emergencia en uno solo es conveniente, el problema de fondo persiste: si estos números son operados por los propios cuerpos de seguridad, ¿cómo se evitará que los servicios de notificación no caigan en las manos de los cárteles del crimen organizado?
La experiencia en diversas entidades indica que la notificación del delito es uno de los principales medios monitoreados y controlados por los criminales. ¿Cómo se evitará que aquel que conteste el teléfonos para tender una denuncia no sea quien llame de inmediato a los criminales y fuerzas de seguridad coludidas para informar que hay testigos de sus acciones?
Centralizar la información de un ciudadano a través de una clave única no es mala idea… si se cuentan con medidas preventivas para evitar que se trafique con tal información. Cuando pensamos en bases de datos de tamaño monumental también viene a la cabeza el mercado negro de información personal. El caso de la venta del padrón electoral completo en Tepito o en la plaza de Santo Domingo no son antecedentes muy alentadores.
6-. Realizar un operativo especial en Tierra Caliente Desde Guerrero a Michoacán.
Si el presidente propone iniciar un operativo especial en esa región, ¿entonces que han estado haciendo las fuerzas federales y rurales durante todo este año? El presidente promete impulsar una estrategia que de hecho ya está llevando acabo y no ha funcionado.
7-. Se realizará un conjunto de acciones para la protección de los Derechos Humanos y;
8-. Instruir al Congreso para expedir leyes, fortalecer los protocolos y procedimientos para que en casos de tortura y desaparición forzada las respuestas sean oportunas.
Las acciones anunciadas por el presidente para combatir las violaciones a los Derechos Humanos en México consisten en la creación de bases de datos de desaparecidos que contemplen un gran abanico de información, desde expedientes de investigación hasta muestras de ADN.
Olvida incluir a las organizaciones ciudadanas que ya han impulsado propuestas similares y que buscan descentralizar las vías de investigación en delitos como secuestro, extorsión y desaparición forzada. La idea de instituciones de esta clase es empoderar a los ciudadanos y, sobre todo, a los familiares de las víctimas para que actúen como investigadores y expertos en la búsqueda de sus seres queridos y no como víctimas secundarias en espera del mando único policial. Existen alternativas jurídicas para que estos organismos entren en coordinación con el gobierno y diversifiquen las alternativas de investigación. Para conocer más de esta alternativa, da clic aquí.
Si el Congreso no legisla en un sentido ciudadano para enfrentar estos delitos y sigue considerando que estas investigaciones son competencia únicamente de las autoridades gubernamentales, entonces estará entorpeciendo el encontrar una respuesta adecuada y rápida a esta situación.
Además, el presidente sigue con una fuerte deuda en el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
La publicación de esta ley es indispensable. Lo curioso es que su formulación fue impulsada en 2008. Su retraso constituye un ejemplo más del interés por el capital político que el PRI tiene por encima de la pronta solución de problemáticas de la ciudadanía. Esta estrategia fue seguida también con la reforma energética, entorpecida por ese partido durante la administración de Calderón e impulsada durante la de Peña Nieto.
El trabajo de la oposición no es evitar la actualización de las leyes, sino argumentar en contra de una formulación específica para obtener la mejor versión lo más rápido posible. Por otro lado, el trabajo del partido en el poder no es entorpecer la legislación para, posteriormente, apropiarse de las propuestas en un momento políticamente conveniente, sino alimentarse de las diversas opiniones para tomar decisiones adecuadas justo en el momento en el que se necesitan
10-. La creación de un tribunal especial para que los ciudadanos puedan denunciar actos de corrupción que serán severamente sancionados; así como sanciones ejemplares para empresas que caigan en corrupción.
Es indispensable un organismo ante el cual puedan denunciarse actos de corrupción, desvíos de recursos y mala administración de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, mientras tal organismo no sea exclusivamente ciudadano, descentralizado y autónomo, se seguirá dejando en manos de los administradores de los recursos y de la seguridad la tarea de auditarse a sí mismos, lo que constituye uno de los principales factores que propician la corrupción. En pocas palabras, no sirve de nada que los gobiernos y tribunales judiciales prometan atender con especial atención el problema de la corrupción si no existe una fuerza diferente que realice esa vigilancia. A juzgar por el anuncio, los organismos ciudadanos que acompañarán al tribunal no tendrán carácter vinculante, es decir, sus decisiones no condicionarán necesariamente las decisiones del tribunal.
Por supuesto, resta esperar la puesta en marcha de esta estrategia. Es nuestro papel, como ciudadanos, mantenernos informados sobre la forma en la que se ponen en práctica y, sobre todo, la manera en la que aterrizarán en la ley.
