Debido a los muchos “peros” y detallitos que se le han ido encontrando a la primera Constitución Política de la Ciudad de México, no han faltado las voces que piden que sea la ciudadanía la encargada de decidir si la Carta magna capitalina se aplica o no. Pero esta opción ya fue descartada.

Primero fue el propio jefe de Gobierno de la CDMX, Miguel Ángel Mancera, el encargado de batear la convocatoria a un plebisicito. Ahora es el mismísimo Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el que ha descartado, en definitiva, la posibilidad de que la Constitución sea aprobada por votación ciudadana.

De acuerdo con Milenio, bajo el argumento de que fueron los propios ciudadanos los que eligieron su veneno, es decir, que ellos fueron los que votaron por los integrantes del órgano constituyente que se encargó de la creación de la Constitución, los magistrados de la Sala Superior determinaron que no. Bueno, que sí: sí es válida la negativa de Mancera a convocar a un plebiscito para la cuestión en polémica.

Lo anterior fue determinado no nomás porque los del Tribunal quisieron, sino porque –según señala El Universal– aun cuando el jefe de gobierno tiene la posibilidad de convocar a un plebiscito, esa atribución no tiene alcance para un documento de las dimensiones de la Constitución Política de la Ciudad de México.

Fue el diputado panista, Jose Luis Luege Tamargo, quien presentó la impugnación a la decisión de Mancera para convocar a plebiscito. De acuerdo con el blanquiazul, una de las razones para someter a votación ciudadana a la carta magna capitalina es el hecho de que el órgano creador de ésta  representó no tuvo la representatividad suficiente para  aprobar un documento con la trascendencia que tiene el compendio de leyes. “Representó tan sólo a 12% de los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal y por lo tanto carece de legitimidad como para que su proyecto aprobado sea promulgado como nueva Constitución”.

Al negar Mancera el plebiscito, Luege Tamargo impugnó con el argumento que la votación es un derecho político y no una facultad de autoridad, por lo que entonces se habrían afectado las garantías ciudadanas de los capitalinos. Sin embargo, la magistrada presidenta del TEPJF, Janine Madeline Otálora, señaló que ningún derecho fue afectado,  ya que es en la Constitución General donde se establecieron los mecanismos de aprobación y promulgación de la Constitución de la Ciudad, estableciendo una Asamblea Constituyente y nada puede estar por encima de ella.

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