Pues parece que nadie le quiere hacer caso al presidente, Enrique Peña Nieto y por un buen rato seguirá estando presente la crítica y protesta para dar con el paradero de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala hace ya más de seis meses. Una voz fue la del ombudsman, Luis Raúl González Pérez:
“No es un caso superado y no puede hablarse de que se cierre el expediente. Sigue abierto: falta buscar la verdad, ver qué dicen los jueces, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los resultados periciales solicitados al extranjero y conocer el destino de los estudiantes. No debe estar cerrado, no puede hablarse de una conclusión’’.
Luego de presentar su informe a la Comisión Permanente del Congreso, el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señaló que por mucho que quiera el Ejecutivo, no hay manera de regresar a la normalidad después de los hechos ocurridos en Guerrero el pasado 26 de septiembre… porque si de por si la cosa no estaba tan normal que digamos, menos después:
‘‘[La situación] era anómala, estaba asentada en buena medida en la simulación, la ausencia de información pertinente, la desidia, la indolencia y la falta de responsabilidad pública de quienes propiciaron ese estado de cosas’’.
Respecto al aparente carpetazo que la PGR dio al caso Ayotzinapa, el ombudsman pidió que antes de que se vayan a descansar, las autoridades deben aclarar cuál fue el destino de los estudiantes desaparecidos y juzgar a todos los responsables, además negó establecer que los normalistas estén en calidad de muertos:
“Hasta que no se acredite lo contrario estamos en presencia de desapariciones forzadas, entre otras violaciones a derechos humanos’’.
González Pérez comentó que lo ocurrido en Iguala es un claro retrato de lo malo de la sociedad mexicana: infiltración del crimen organizado en el gobierno, omisiones en las investigaciones, apatía de las autoridades, corrupción y todo un abanico de irregularidades por parte de varias estructuras del Estado.
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*Vía La Jornada
