Previo a las elecciones de noviembre —que serán para renovar la Presidencia, la Asamblea Nacional de Nicaragua y los diputados y las diputadas del Parlamento Centroamericano—, el gobierno de Daniel Ortega ha arrestado a más de 10 opositores y opositoras bajo el argumento de la “defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y la autodeterminación a la paz”.
Y entre las detenciones figuran cuatro aspirantes a la Presidencia, lo que ha levantado una serie de críticas a nivel internacional contra el gobierno de Daniel Ortega, quien ha sido presidente de Nicaragua en tres ocasiones, de 1985 a 1990, del 2007 a 2012 y de 2012 a la fecha —que se supone este último periodo tendrá que terminar en 2022.
@vppolicial detiene a @DoraMTellez y @anavijil quienes está siendo investigadas, de conformidad con el artículo 1 de la Ley No. 1055 “Ley de Defensa de los Derechos del pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz”.#LaHuacaGolpista @nica_rojaynegra pic.twitter.com/7MhGr0GoRq
— Radio Zinica (@radiozinica) June 13, 2021
Previo a las elecciones en Nicaragua, Daniel Ortega detiene a opositores y opositoras
De acuerdo con analistas y medios internacionales, el gobierno de Daniel Ortega ha realizado detenciones selectivas como una táctica para abrir el camino… a otra reelección.
Lo último que supimos de los arrestos fue lo que sucedió el domingo pasado con el arresto del exvicecanciller Víctor Hugo Fonseca, la exguerrillera y figura clave de la revolución Popular Sandinista Dora María Téllez y las activistas Ana Margarita Vigil y Tamara Dávila.
O sea, el fin fue una jornada súper pesada para activistas y oposición de Daniel Ortega, cuyo gobierno ha argumentado que la mayoría de los opositores han violado el artículo 1 de la Ley 1055, la de “la defensa de los derechos del pueblo”, previo a las elecciones.
Cuatro aspirantes, la oposición a Daniel Ortega
La situación ha sido compleja —hasta para quienes formaron parte de la Revolución Sandinista— en estas últimas semanas, rumbo a las elecciones.
Los nombres de Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Cristina Chamorro y Arturo Cruz Sequeira tienen en común: las detenciones, por distintos cargos pero con un común denominador, ser la oposición a Daniel Ortega.
En el caso de Félix Maradiaga, el el académico y exsecretario general del Ministerio de Defensa en el gobierno de Enrique Bolaños fue acusado de terrorismo y conspiración contra la soberanía de este país.
Juan Sebastián Chamorro igual fue acusado por promover la injerencia extranjera.
Cristina Chamorro fue acusada de lavado de dinero y está en prisión domiciliaria. Y Arturo Cruz fue detenido justo cuando llegaba a Nicaragua de un viaje a Estados Unidos por atentar contra la soberanía nacional.
En todos los casos, hablamos de supuestos, ya que las investigaciones aún no demuestran la responsabilidad a los cargos imputados —que en su mayoría salieron de una controvertida ley aprobada en 2020.
Ley 1055 en Nicaragua
En diciembre de 2020, Daniel Ortega planchó el terreno para acomodar el camino rumbo a las elecciones de 2021 a su favor. ¿Cómo? Con una ley aprobada por la Asamblea Nacional —integrada por puro partidario de Ortega— que frena las aspiraciones electorales de todo aquel o toda aquella que organice protestas en contra del gobierno.
Se trata de la Ley 1055. ¿Y eso? El chiste de esta ley es sancionar cualquier protesta o acto en contra del gobierno, porque se supone son para desestabilizar a Nicaragua.
Chequen nada más el artículo 1 de esta ley:
“Los nicaragüenses que encabecen o financien un golpe de Estado, que alteren el orden constitucional, que fomenten o insten a actos terroristas, que realicen actos que menoscaben la independencia, soberanía y autodeterminación, que inciten a la injerencia en los asuntos internos, pidan intervenciones militares, se organicen con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, que propongan y gestionen bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, aquellos que demanden, exalten y aplaudan la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y todos los que lesionen los intereses supremos de la nación contemplados en el ordenamiento jurídico, serán “Traidores a la Patria” por lo que no podrán optar a cargos de elección popular”.
Esta ley incluso le pegó a figuras de la Revolución Sandinista como Dora María Téllez, quien en entrevista con La Jornada hasta pidió la intervención del gobierno de México contra la dictadura de Daniel Ortega.
“Eso no es izquierda, eso es una forma de estalinismo”, acusó la exguerrillera.
La Revolución Sandinista y Daniel Ortega
Ya sólo como un breve contexto, la Revolución Sandinista fue un proceso para derrocar la dictadura de la familia Somoza y el régimen de Anastasio Somoza, por allá de finales de la década de los 70 del siglo XX.
El Frente Sandinista de Liberación de Nicaragua —inspirado en la lucha del revolucionario Augusto César Sandino, quien peleó en contra de la ocupación estadunidense en ese país entre 1927 y 1933— se hizo del poder peeeeero en su victoria, alzó la figura de Daniel Ortega, actual líder del partido y quien terminó apañando el poder por más de una década.
