Pues si hasta Emilio Lozoya, quien parece que es uno de los consen… digo, testigos protegidos del gobierno ya está en el bote, qué esperaba el exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval.

Roberto Sandoval pretendía pasar las temporadas decembrinas en casita, pero se quedará con las ganas, ya que el amparo que metió para pasar el proceso en su contra desde la comodidad de su hogar, fue bateado por un juez federal.

Roberto Sandoval exgobernador de Nayarit libró orden de detención
Foto: @RobertoSandoval

De acuerdo con Milenio, el recurso con el que el exgober quería enfrentar en libertad el proceso que se le sigue por ejercicio indebido de funciones, peculado, y delitos electorales, fue rechazado debido a que Sandoval no pudo comprobar arraigo en la ciudad de Tepic.

Además de lo anterior, el juez determinó negar el amparo al tomar en cuenta que Roberto Sandoval enfrenta delitos a nivel local y otro más a nivel federal (operaciones con recursos de procedencia ilícita). Pero el elemento decisivo fue el hecho de que existe peligro de fuga.

PGR investiga al gobernador Roberto Sandoval
Foto: Facebook

A su favor, la defensa del exgobernador de Nayarit señaló que se le coartó el derecho a la libertad de su cliente, ya que debió ser considerado como “procesado” hasta su vinculación a proceso y no antes. Además, se indicó que no por estar bajo proceso por diversas causas debía proceder la medida cautelar.

En la resolución que confirma que el exgobernador seguirá en prisión se indica que ésta se justifica en el hecho de que “en el eventual caso que llegara a obtener su libertad en las diversas causas penales, no habría garantías de que compareciera a futuras audiencias en la presente causa penal”.

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Foto: Presidencia EPN.

Desde el 18 de junio Roberto Sandoval está vinculado a proceso, mismo día en que se le impuso la prisión preventiva por no tener arraigo en la capital de Nayarit y, por lo mismo, considerar que existe un alto riesgo de que se extraiga de la justicia (que se pele, pues).

Recordemos que Roberto Sandoval enfrenta cuatro procesos: por falsificación de documentos; por ejercicio indebido de funciones y delitos electorales (estos dos del fuero común) y, quizás el más pesado, por operaciones con recursos de procedencia ilícita, éste del ámbito federal.

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