El próximo 1º de agosto se llevará a cabo la consulta popular sobre los expresidentes de las 08:00 a las 18:00 horas. Es por eso que los módulos de Atención Ciudadana del Instituto Nacional Electoral (INE) suspenderán actividades un día después en todo el país y las labores se reanudarán el martes 3 de agosto en los horarios establecidos.
Consulta popular
De acuerdo con el INE, se instalarán 57 mil mesas de recepción de opinión para lo que se gastaron 522 millones de pesos. Para que los resultados sean vinculatorios para los poderes legislativo y ejecutivo la participación total debe ser de al menos 40% de los inscritos en el Padrón de Electores.
La pregunta que los ciudadanos encontrarán en la boleta es:
“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”
Esta consulta popular que pidió el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y que aprobó el Senado de la República, es para determinar si se somete a investigación, y en su caso a un proceso legal, a los últimos cinco mandatarios federales de México.
Para saber qué sí y qué no o cuáles son las implicaciones de la consulta, platicamos en #SopitasXAireLibre con Javier Martín Reyes, experto en derecho constitucional y política judicial del CIDE.
“En una democracia que respeta derechos fundamentales, la justicia no se consulta”, nos explicaba Reyes.
“Todas las víctimas de la comisión de delitos tiene derecho a que se repare el daño, pero si les preguntamos en una consulta, también estaríamos preguntándoles si queremos que se les repare el daño. Y no podríamos hacer eso porque es una obligación que tienen las autoridades”, señalaba.
Qué sí y qué no: Las implicaciones de la consulta para enjuiciar expresidentes
