El pasado 15 de marzo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos -ONU DH- publicó un informe titulado ‘Doble Injusticia: Informe sobre Violaciones de Derechos Humanos en la Investigación del Caso Ayotzinapa’. En su interior, se señalan casos de tortura en contra de algunos detenidos por supuestas implicaciones en la desaparición de los 43 normalistas.
¿Te perdiste la presentación de nuestro informe #DobleInjusticia sobre la investigación del caso #Ayotzinapa? Puedes verla aquí > https://t.co/FfU28hU3yv y descargar el documento aquí > https://t.co/1ZEfKLHcJN
— ONU-DH México (@ONUDHmexico) 29 de marzo de 2018
Hoy, la Secretaría de Gobernación -Segob-, la Procuraduría General de la República -PGR- y la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE-, en conjunto, emitieron un comunicado para informar que la Misión Permanente de México ante la ONU, con sede en Ginebra, entregó un documento con observaciones relacionadas con la publicación del informe de los presuntos casos de tortura. Así fue dado a conocer por el representante de la ONU DH, Jan Jarab.
El @gobmx reafirma acciones para el seguimiento efectivo a presuntas irregularidades en la investigación en torno al Caso Iguala. #ComunicadoConjunto SRE-SEGOB-PGR: https://t.co/WI9crHKisA ✍🏻 Consulta aquí la respuesta completa del gobierno de México: https://t.co/xAGpqBJ3bu pic.twitter.com/3TlrPvjumj
— SRE México (@SRE_mx) 7 de mayo de 2018
En el texto básicamente se niega que existieran tales casos de tortura. El gobierno mexicano asegura que el informe se elaboró sin tomar en cuenta la colaboración y cooperación que existe con México, misma que permitiría darle al caso el rumbo institucional que la Oficina de Derechos Humanos pedía.
Las dependencias en conjunto explican que a todos los que fueron detenidos por el Caso Iguala, se les practicó el Protocolo de Estambul, mismo que es una guía que contiene las líneas básicas con estándares internacionales en derechos humanos para valorar médica y psicológica a una persona que se presuma fue víctima de tortura, y en ningún caso se detectaron malos tratos.
Para finalizar, se refiere que todos esos asuntos aún se encuentran bajo investigación y consideración judicial, por lo que sacar conclusiones y publicar ese informe fue una respuesta prematura y podrían afectar al curso de las investigaciones.
“Ello, con independencia que, de acuerdo con las normas jurídicas nacionales e internacionales aplicables, en específico a la luz de los estándares de la legislación mexicana contra la tortura, la investigación en curso atenderá los principios aplicables, incluido aquel para la exclusión de pruebas en casos en que se compruebe la comisión de actos de tortura“, se agrega.
