Por Esteban Illades
La semana pasada se publicó una nota en Animal Político que los medios nacionales decidieron ignorar casi en su totalidad. La historia era un escándalo, pero no tuvo gran efecto. No hubo indignación. Si acaso unos tuits de quienes siguen el tema, algunos posts de Facebook. Pero nada más.
La nota era la siguiente: “PGR ignora la mayor fosa ilegal del sexenio; no investiga el hallazgo de 245 cuerpos en Veracruz”.
Al menos 245 cuerpos tirados en una fosa. 245. Y el país como si nada. Todavía peor: 245 cuerpos y ni una sola investigación federal al respecto. Quienes habían investigado y encontrado los restos no eran agentes del Ministerio Público. Eran familiares de desaparecidos, miembros del “Colectivo Solecito”. Eran los familiares los que buscaban a los desaparecidos. No el gobierno.
Entre los cuerpos estaba un agente del MP, así como su secretario, ambos vistos por última vez en 2013. A ellos tampoco los estaban buscando las autoridades.
Al día de hoy no hay cifras exactas sobre cuántas fosas hay en el país. Si uno le pregunta al gobierno, como hizo la periodista Karla Zabludovsky hace dos años, tampoco puede obtener una respuesta clara: Policía Federal, Procuraduría General y distintas agencias del gobierno tienen números muy variados. En algunos casos ni datos hay.
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Octubre de 2014. A unas semanas de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, en Ayotzinapa, el gobierno de Guerrero es llevado a una fosa clandestina por un detenido. El gobernador en ese entonces, Ángel Aguirre, se apresura a declarar que de las decenas de cuerpos encontrados a las afueras de Iguala, ninguno corresponde a los normalistas desaparecidos. Los restos nunca son identificados.
En la búsqueda por los 43, el gobierno federal retoma la exhumación de los cuerpos que hizo el gobierno estatal. Concluye lo mismo que Aguirre y nunca informa a quién pertenecían los cadáveres.
Los familiares de otros desaparecidos continúan la búsqueda durante meses. En 2015, la integrante de uno de los colectivos que busca fosas en Guerrero, es asesinada. El gobierno no ayuda en la búsqueda y los criminales matan a quien sólo quiere encontrar a sus seres queridos.
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Octubre de 2016. En Patrocinio, un ejido en Coahuila, familiares de desaparecidos reportan que se han encontrado casi 4,000 fragmentos de hueso en lo que describen como “un campo de exterminio”. El gobierno estatal lo niega al decir que 4,000 fragmentos de hueso no es lo mismo que 4,000 cadáveres.
El hallazgo inicial lo hace otra ONG, ésta llamada “Grupo Vida”.
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Como estos tres casos hay muchísimos más, y en todos se repite el mismo patrón: familiares que buscan a sus hijos, hermanos, padres, todos desaparecidos sin dejar huella. En algunas ocasiones el gobierno estatal ofrece ayuda, en otras lo hace el gobierno federal. Pero en ninguno de los casos es suficiente: al final del día son los familiares los que hacen el trabajo de las autoridades.
Esto sucede, si ha de creérsele primero al expresidente Felipe Calderón y luego al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, porque “los criminales se matan entre ellos”.
Con eso el gobierno renuncia a una de sus obligaciones principales: al declarar que los muertos son criminales (sin juicio o investigación de por medio), el gobierno se lava las manos. Y entonces nadie investiga cuántas fosas hay y quiénes están adentro. Los familiares se quedan con la carga de convertirse en Ministerio Público, pero sin poder llevar a los responsables a la justicia.
Pero, ¿por qué? ¿Por qué renuncia el gobierno a una obligación fundamental en el contexto en el que estamos; entiéndase, en el décimo año de una guerra contra el narcotráfico que no parece tener fin? Por un motivo en particular: por hacer como si el problema no existe.
Manipulación de cifras
Para empezar, en México no sabemos cuántos desaparecidos hay. Al iniciar el sexenio de Enrique Peña Nieto, la entonces subsecretaria de Gobernación encargada del tema, Lía Limón, dijo que eran alrededor de 26,000, aunque después tuvo que rectificar: no sabía cuántos de esos nombres estaban repetidos y cuáles estaban vinculados con la guerra contra el narcotráfico.
A la par de que Limón presentaba las cifras, ocurrió un cambio importante, pero poco anunciado en la medición de homicidios del país. En lugar de separar homicidios vinculados con crimen organizado de los homicidios comunes, el gobierno decidió juntarlos todos.
Al mismo tiempo se decidió que, a nivel municipal, ya no contaría cuerpos de manera individual, sino averiguaciones previas. Es decir, sumaría datos a partir de cuántas investigaciones se abrieran sobre un caso, no sobre cuántos cuerpos hubiera. Por ejemplo: si en un enfrentamiento hubo 10 muertos pero sólo se hizo una investigación, queda registrada la investigación, pero en los datos no se separan los 10 cuerpos.
Eso sin mencionar que los datos que componen el registro de homicidios a nivel nacional vienen de las procuradurías estatales, que muchas veces, si somos amables, se equivocan y reportan cifras inexactas. Si no somos amables, podemos decir que esconden el verdadero número de víctimas en sus estados.
¿Para qué hacer esto? Puede haber dos motivos. Uno, simple incompetencia y falta de recursos: el gobierno no tiene cómo revisar los datos ni puede ponerse a contar cada uno de los cadáveres que se reportan. El otro, un poco más malpensado, es que el gobierno prefiere no reportar los números completos para minimizar el problema que tiene en frente.
Foto: hijosmexico.org
Homicidios al alza
Y es que, contrario a lo que se presumió en los primeros años de este sexenio, los homicidios han regresado a niveles del mandato de Felipe Calderón. Como hemos comentado en otras ocasiones, siguiendo los datos del experto Alejandro Hope, de seguir la tendencia de homicidios registrada en enero, 2017 sería un año igual de violento que 2011, el peor del sexenio de Calderón. La gran estrategia actual, presentada como eje de la campaña de Peña Nieto, fue la prevención del delito. ¿Qué pasó con ella? Ya no existe. Así, tal cual. El presupuesto de la subsecretaría de Gobernación encargada de la prevención es cero. Cero.
Con este recorte de dinero es difícil que cambien las cosas. Al menos para bien.
Otro dato, aún más demoledor: la atención a víctimas (aquellas que ahora buscan a sus familiares en las fosas) también tuvo una reducción presupuestal grande. Le bajaron el 40% de recursos.
No hay camino
Por último, vale la pena resaltar que todas estas fosas, y las personas que día a día se encargan de ver si sus seres queridos están enterrados en ellas, tendrán que seguir haciendo lo mismo hasta lograr esclarecer lo sucedido. Esto porque, al menos de lo que se puede ver en las propuestas de los precandidatos presidenciales, no parece haber alguna solución seria al asunto.
La única que se plantea al día de hoy es la que se discute en el Congreso, y es terrible. Se trata de la ley de seguridad interior, que de aprobarse en alguna de las versiones que se propone, dejaría las cosas tal y como están, pero al mismo tiempo las empeoraría. ¿Cómo está eso? Sencillo: daría poderes legales a los militares que actualmente no tienen, con el fin de sustituir a las policías municipales y estatales en sus funciones (algo que de hecho ya hace). De aprobarse, la procuración de justicia se mantendría igual de mal en el país: las autoridades seguirían sin investigar, como deberían, la desaparición de miles de mexicanos. El ejército seguiría patrullando el país por tiempo indefinido, sin ninguna posibilidad de que la situación mejore.
De mantenerse la situación como está hoy, el gobierno seguirá haciendo lo que ha hecho durante los últimos diez años: dejará que los cuerpos se apilen uno tras otro en los cementerios ocultos, con la esperanza de que nunca sean encontrados para no tener que lidiar con el hecho de que México, durante la última década, se ha convertido en una gran fosa clandestina.
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Esteban Illades
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