Entre tanta pelea en redes sociales y tantos temas para abordar en esta transición presidencial, la cosa se puede poner enredada. Ninguna persona razonable podría mantenerse al tanto de todos y cada uno de los titulares de los 365 días del año y al mismo tiempo mantener la cordura. Con el drama a todo lo que da, uno de los temas más importantes chance se te pasó sin ser detectado por el radar: los medios de radiodifusión pública en México y su próxima “unión” con la Secretaría de Gobernación. 

Lo que detonó la discusión fue un texto que se publicó la semana pasada en El Universal y la rompió en redes sociales: “Diputados dan golpe de Estado a la radiodifusión pública de México”, se titula la columna firmada por Irene Levy, la presidenta de Observatel.

En pocas palabras, el artículo explica qué está pasando con una iniciativa que ya aprobó la Cámara de Diputados que busca cambiar el panorama de los medios públicos en México. Resulta que —con las palabras textuales de la ley—, “a la Secretaría de Gobernación le corresponde (…) proveer el servicio de radiodifusión pública digital a nivel nacional”. 

Así como están las cosas, todavía hay mucho en el aire sobre esta nueva medida. Para los críticos más aferrados, la posibilidad de que Gobernación controle los medios públicos recuerda a las terroríficas épocas de Manuel Bartlett enfrente de la secretaría. Para los que apoyan la medida, es un simple cambio organizacional y las voces en contra nomás “están buscándole chichis a las hormigas”, diría Fernández Noroña.

Para no ayudar a la confusión, mejor vámonos por partes y acá abajo te seguimos contando todas las implicaciones posibles de esta medida, los diferentes puntos de vista y, sobre todo, porqué es importante. 

¿Qué @&%# son los medios públicos?

Acá en México, estamos acostumbrados a ver que los medios de comunicación —sobre todo radio, televisión y prensa escrita— estén en manos privadas. Eso no necesariamente es malo, pero sí terminan funcionando como negocio. Al final del día, nos chutamos sus contenidos, sus productos, sus voces y sus espacios publicitarios. Su vida dependerá del rating y de cuanto les dure la concesión.

Por otro lado, también existen los medios gubernamentales, pero esos todo el día son pa’ recitar los logros de la administración en turno y ya.

Flotando entre esos dos ejemplos —y con muchísima importancia—, están los medios públicos. Citando a la UNESCO, “los medios públicos son medios hechos, financiados y controlados por el público, para el público. No son comerciales ni de propiedad gubernamental, son libres de la interferencia política y la presión a partir las fuerzas comerciales (…) A través de los medios públicos, los ciudadanos son informados, educados y también entretenidos. Garantizados con pluralismo, diversidad, independencia editorial, financiación apropiada, rendición de cuentas y transparencia, los medios públicos pueden servir como una piedra angular de la democracia”.

En la belleza de la teoría, un medio público no tiene que vender nada, ni siquiera ideología política. Ana Cecilia Terrazas, exdirectora del Instituto Mexicano de la Radio, los definió como “un baluarte de los académicos, comunicadores y periodistas independientes”. 

Acá en nuestro país hay algunos valiosos ejemplos de medios públicos —y de otros medios comunitarios, pero ese es tema de otro día— pero, básicamente, el sueño guajiro nacional es tener una BBC mexicana. 

‘Ta bueno, ¿y qué tiene de malo que estén bajo la cadena normativa de SEGOB?

Pues no está bonito que la Secretaría de Gobernación o un órgano tan cercano al poder político este a cargo de “proveer” a los medios públicos si el chiste es que sean independientes.

“Que la Secretaría de Gobernación tenga injerencia en la política pública o en la regulación de los medios es uno de los rasgos autoritarios de los más cuestionables y que no nos hemos podido zafar en este país. Incluso en países de Latinoamérica se quedan con el ojo cuadrado de que aquí sea así”, le contaba Aleida Calleja, experta del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia a Animal Político.

“Regresar a la Secretaría de Gobernación la prestación del servicio de radiodifusión es acabar, así, de tajo, anular la expectativa que me parece legítima, ciudadana, de tener medios públicos como en una democracia normal. Es mandar al diablo los últimos 18 años o más, y regresar a cuando (Carlos) Salinas”, le explicaba al mismo portal Héctor Villareal, quien fue director del Instituto Mexicano de la Radio (IMER).

Además, si la ley se queda como está, el término “proveer” va a causar muchos problemas legales. Por ejemplo, la UNAM provee el servicio de TV UNAM y el IPN es que provee el de Canal Once.

¿Y qué dicen los diputados que la aprobaron?

Como decíamos acá arriba, para Fernández Noroña, del PT, todo este asunto es “buscarle chichis a las hormigas” y que básicamente dejaría todo como está. O sea, no le estarían dando más poder a SEGOB. Eso sí, dijo que si la redacción está chueca y en lugar de “proveer” lo que los diputados querían decir es “asegurar su existencia”, pues que el Senado cambie las palabras enredadas.

La diputada Rocío Barreda, quien es la que elaboró la iniciativa, le explicaba a Animal Político sus intenciones. En pocas palabras, dijo que ella está buscando “generar las condiciones de un mejor contenido en información (…) No se trata, como lo han mencionado, de una máquina política tendenciosa o de propaganda gubernamental. Eso es un error”.

Para los diputados que le dieron el sí, este drama puede ser un error en la redacción, una propuesta con buenas intenciones que “se lee” con varias sospechas o que la Secretaría de Gobernación le entre con ganas a trabajar para asegurar la existencia, permanencia y fortalecimiento de los medios públicos en México.

¿Qué es lo que se aceptó?

La frase que está causando revuelo estaba arriba, pero la volvemos a poner: “a la Secretaría de Gobernación le corresponde (…) proveer el servicio de radiodifusión pública digital a nivel nacional”. 

Aunque no es muy importante conocer el artículo y chance nada más te sirva para la trivia, la unión entre SEGOB y los medios públicos quedó aprobada en el artículo 27, fracción 8, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Esta ley sirve para organizar a cada gobierno entrante y habla de muchas más cosas que solo la comunicación. Por poner un ejemplo: en la versión lopezobradorista se incluye a los delegados estatales del futuro pejidente o la eliminación de las Oficialías Mayores para la próxima administración federal.

¿Qué podemos esperar?

Como ya se aceptó en la Cámara de Diputados, la iniciativa ya está en manos de los senadores. La cámara alta empezará a trabajar en ella el próximo miércoles 21 de noviembre y se va a revisar en la Comisión de Gobernación y en la de Estudios Legislativos.

Si es aceptada, para conocer sus verdaderas implicaciones en la práctica, no nos queda nada más que ver los toros desde la barrera. Tal vez se quede como está y Gobernación sí se esfuerce en hacer bien las cosas, tal vez el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) interponga una acción de inconstitucionalidad pues se estaría violando su autonomía —ellos organizan el Sistema Público de Radiodifusión— o tal vez sí le cambien las palabras complicadas.

*Con información de Animal Político, El Universal, Proceso, Jenaro Villamil e Irene Levy

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