Este 13 de mayo pero de hace 10 años, en 2012, fueron encontrados 49 cuerpos mutilados en el municipio de Cadereyta, en Nuevo León. Para que no los pudieran identificar, a los cuerpos les arrancaron la cabeza y todas las extremidades, solo dejaron los torsos.
10 años después de esta masacre, las autoridades solo han podido identificar a 18 de las 49 víctimas, de las cuales eran 43 hombres y 6 mujeres. 10 años después y aún no hay justicia para las víctimas y sus familias.
Masacre de Cadereyta
La Fundación para la Justicia explica que ya pasaron 10 años y no se han podido identificar todos los cuerpos, tampoco hay sentencias, no se ha aclarado en dónde y cómo fueron privadas de su libertad las víctimas, ni se han localizado los restos faltantes de los cuerpos.
Lo que al momento se sabe es que en las víctimas había 11 personas de origen hondureño, 4 mexicanos, 2 nicaragüenses y 1 guatemalteco. Falta identificar 31 cuerpos.
“Contrario a lo que dijeron en su momento, las víctimas eran migrantes, civiles, jóvenes, padres, hermanos, hermanas, hijas, que fueron obligados por las condiciones sociales, económicas y la propia violencia de su país a migrar en búsqueda de mejores condiciones de vida“, se lee en el comunicado de la Fundación.
A pesar de que apenas a finales del 2021 la Fiscalía General de la República (FGR) metió las manos en el caso de manera formal, las investigaciones no explican cómo pasaron los hechos ni reflejan el posible “involucramiento de autoridades en la tragedia”.
Es más, la organización apunta a que tampoco han sido analizados debidamente los indicios vinculados al caso, incluyendo las mantas que encontraron en el lugar.
Explican que para que las investigaciones lleguen a algún lugar es necesario la creación de una Comisión Especial que colabore con las investigaciones desde una perspectiva macrocriminal y transnacional que sea integrada por expertos nacionales e internacionales.
“La Comisión Forense creada en el año 2013, mediante convenio entre la entonces Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía) y organizaciones de la sociedad civil, ha conseguido 16 de las 18 organizaciones en el caso y demostrado que la articulación entre familias, organizaciones y autoridades es clave para avanzar en los procesos de búsqueda e identificación”, se lee.
Recordemos que durante las primeras horas del hallazgo de los cuerpos las autoridades de Nuevo León afirmaron que se trataba de un ajuste de cuentas entre criminales.
En junio de 2020 la Fiscalía de Nuevo León afirmó que trabajadores de la empresa de paquetería Redpack habían destruido los expedientes originales con las investigaciones sobre la masacre pero que ya había repuesto lo dañado y se iniciaron las investigaciones de lo sucedido.
En abril de este año la Policía Federal Ministerial (PFM) cumplimentó una orden de aprehensión contra Iván “O”, presunto responsable de la masacre. Las investigaciones iniciaron en 2016, cuatro años después de lo sucedido. Pero hasta el momento no hay sentenciados.
En 2017, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a la entonces PGR y a los gobiernos de Nuevo León y Tamaulipas, indicando que había servidores públicos responsables de la procuración de justicia que no actuaron “con debida diligencia y omitieron realizar acciones pertinentes para la adecuada investigación”. Pero la recomendación no ha sido acatada.
En febrero de este 2022, el Instituto Nacional de Transparencia (INA) ordenó a la FGR entregar la versión íntegra de la información sobre la masacre de Cadereyta y las de San Fernando en Tamaulipas.
