El pasado 21 de abril el presidente Enrique Peña Nieto presentó una iniciativa con la finalidad de autorizar el uso medicinal y científico de la marihuana y para dejar de criminalizar a los consumidores del enervante. EPN entregó su proyecto para reformar la Ley General de Salud y al Código Penal Federal: en el plan original se planteaba que se dejaría de criminalizar el consumo personal de la sustancia y también se permitiría una mayor portación de mota; de 5 a 28 gramos, según los estándares internacionales.
Apenas unos días antes de presentar su propuesta, el mandatario participó en la Asamblea General de la ONU donde afirmó que el prohibicionismo no había logrado inhibir la “producción, el tráfico ni el consumo de drogas en el mundo” y que se tenía que abordar el tema desde un enfoque de derechos humanos y que el uso de estupefacientes se debía de atender como un asunto de salud y no de seguridad. Las críticas y los halagos sobre la iniciativa no se hicieron esperar (no adivinaron cuáles terminaron pesando más).
Los grupos opositores a la reforma de EPN afirmaron que el plan no contemplaba los efectos negativos que ocasionaría su aplicación y que era ingenuo pensar que la simple legalización bajaría los niveles de violencia relacionados con la venta de drogas. Por ejemplo, la Arquidiócesis de México, a través de su semanario Desde la Fe, sentenció que la legalización de la mota “envía un mensaje equivocado a la sociedad” que propicia el aumento del consumo de marihuana, además de los problemas sociales y de salud.
Al final, la iniciativa del presidente Peña Nieto “no estuvo a la altura“, según el senador perredista Miguel Barbosa. La propuesta que aprobaron ayer, 14 de diciembre, en la Cámara de Senadores dejó fuera varios puntos medulares de la propuesta original; en síntesis: no se criminalizará el cultivo de la planta (siempre y cuando tenga fines médicos o científicos) y se podrán comercializar productos con concentraciones de menos de 1% de THC (ingrediente activo de la mota).
Los antecedentes del pasado reciente
El proyecto de Constitución de la Ciudad de México realizado por el Jefe de Gobierno de la capital, Miguel Ángel Mancera, también contemplaba la no criminalización del uso de la marihuana, aunque a la mera hora se quedó fuera de la Carta Magna chilanga. La discusión sobre la política de drogas en nuestro país tiene dos antecedentes recientes que la marcaron en favor de la legislación sobre el tema: el caso de la niña Grace y el histórico fallo de la Suprema Corte a favor del uso lúdico de la marihuana que consiguió la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante.
En la situación de la niña de ocho años diagnosticada con síndrome de Lennox-Gastout, un tipo de epilepsia muy virulenta que le provoca hasta 400 convulsiones diarias, se resolvió —tras un largo proceso judicial— que Grace pudiera recibir un tratamiento con base en la marihuana.
Tras el fallo de la Corte, en noviembre de 2015, que permitió el uso recreativo de la sustancia a seis personas tomando en cuenta los derechos a la identidad personal, la propia imagen, el libre desarrollo de la personalidad, la autodeterminación y la libertad individual, el clero consideró la decisión como “otro capítulo de ignominia en la historia judicial de México“, además de considerar que con la determinación se incubaba “el embrión de la destrucción“.
De acuerdo con la investigadora del CIDE Catalina Pérez Correa y el politólogo Javier Romero Vadillo, hay tres consensos claros en el ámbito nacional e internacional sobre la espinosa legislación del uso de drogas:
- Los consumidores no deben ser criminalizados, aunque con la determinación que se tomó ayer —que será revisada en la Cámara de Diputados— todavía lo seguirán siendo, a menos que lo hagan con fines médicos o científicos.
- Como la marihuana es la sustancia ilícita más consumida en México y presenta menos daños asociados a su uso, se debería regular su comercio.
- Las leyes deben permitir el uso médico de la sustancia para que personas con padecimientos como el de Grace tengan acceso a un tratamiento. Este punto sí fue incluido en el paquete que aprobaron los senadores.
En teoría el consumo de sustancias ilícitas no es un delito en nuestro país, aunque la posesión, distribución, cultivo, transporte sí lo son. O sea que, palabras más, palabras menos: los usuarios de estas sustancias deben cometer varios delitos para poder consumir. La propuesta del presidente Peña Nieto, y solapada por los legisladores, no tomó en cuenta ninguna de estas situaciones ni antecedentes por lo que terminó generando una reforma marihuanera light.
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