Un grupo de manifestantes, en su mayoría provenientes de San Miguel de Aquila, Michoacán, realiza hoy una marcha que parte del Auditorio Nacional hacia la Secretaría de Gobernción para exigir la liberación de 19 miembros de un grupo de pobladores levantados en armas contra el crimen organizado en la región.
Los manifestantes sostienen que la detención de estos individuos es injusta, pues, aunque los cargos de portación ilegal de armas son correctos, las circunstancias de seguridad en la comunidad lo exigían. Estos 19 detenidos son tan solo una parte de los miembros de autodefensas detenidos por las autoridades durante el conflicto en Michoacán.
De acuerdo con Leonel Rivero, estas detenciones tienen lugar en el marco de un conjunto de acciones del gobierno federal para mandar un mensaje claro: si los grupos de autodenfensas quieren persistir, tendrán que hacerlo subordinados a la Secretaría de la Defensa Nacional. Así lo confirma el acuerdo alcanzado ayer con representantes de estos grupos.
El caso de San Miguel de Aquila es tan solo un ejemplo de las condiciones precarias en materia de seguridad que conforman las causas del surgimiento de los grupos de autodefensa. Un convenio con la comunidad obligaba a una minera local a pagar una comisión al menos 401 jefes de familia por derecho de explotación del subsuelo.
La ausencia de garantías de seguridad y la expansión del control de los Caballeros Templarios sobre la industria minera de la entidad no tardaron en hacerse sentir en la zona. Los miembros del cártel cobraron 700 mil pesos cada 30 días durante 14 meses a la comunidad hasta que esta decidió organizar su defensa.
La comunidad levantada en San Miguel de Aquila no pertenece a la unión de grupos de autodefensas que firmó el día de ayer el pacto con los ejecutivos federal y estatal. Esta, como otras comunidades no coordinadas con aquella instancia, se han visto afectadas por las autoridades al recibir cargos criminales, entre los que se cuenta el de “delincuencia organizada”.
Los detenidos se encuentran actualmente en el penal de Villa Aldama, Veracruz, al otro lado del país.
