Si esto sigue como va, ya mero se abre la sección “Sensacional de Magistrados”… ya que apenas ayer les informamos de uno al que le liberaron orden de aprehensión por abuso y ahora este caso en el que un magistrado federal fue cachado vendiendo exámenes.
Por medio de un comunicado, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó que varios funcionarios públicos han sido sancionados por filtrar información confidencial del concurso interno de oposición que el Instituto de la Judicatura Federal (IJF) realizó en 2018… y uno de esos funcionarios es nada menos que el exdirector general de dicho instituto, el magistrado federal Salvador Mondragón.
Según varios medios, esa información confidencial era la prueba que tienen que presentar los aspirantes a jueces y, más que filtrarla, lo que hacían era vender el examen, cual extra de la prepa.
“La ética en la formación judicial y el desempeño de sus servidoras y servidores públicos es pilar fundamental para este Consejo. No hay situación alguna en la que habremos de tolerar conductas similares en el Poder Judicial de la Federación”, señaló el CJF en el comunicado en el que informó de las sanciones al magistrado federal.
El magistrado será inhabilitado por 10 años
Aunque se canceló el concurso de oposición de 2018, luego de descubrirse esta transa… lamentablemente ya quedó en duda la calidad de los magistrados que tenemos en el país, por ello no se escatimó en quemar al magistrado federal.
Así que se detalló que el susodicho ya fue destituido de su cargo y, además, está inhabilitado para desempeñar cualquier cargo público en los próximos 10 años. ¿Y de prisión? Aparentemente no habrá nada de eso o, al menos, el comunicado no lo indica…
Así que nos tendremos que conformar con colocar la “piedra de la vergüenza” al flamante magistrado federal, el cual fue encontrado culpable de “no preservar la dignidad, imparcialidad y profesionalismo en el desempeño de sus labores, con base en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación”.
Respecto a la identidad y cargo de los otros funcionarios implicados en esto que, quizás en otros países, sería un escándalo que llevaría a varios al bote, el Consejo de la Judicatura Federal prefirió mantener la secrecía. Sólo se indica que el castigo al que serán merecedores será “en función de su participación”.
