El sucesor de Hugo Chávez y actual presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, habló hoy ante el parlamento de aquel país para hacer una petición sumamente seria y digna de urgente atención: amplificar su poder, obteniendo facultades legislativas sumadas a las del poder ejecutivo que ya ostenta. En otras palabras, desea concentrar dos de los tres poderes de la unión en su persona.
El dispositivo constitucional que permite esto es la denominada “Ley Habilitante”, que estipula que el caso de emergencia, el presidente puede absorber las facultades del congreso para hacer viables acciones prontas que contrarresten los los inminentes riesgos que podrían poner en peligro la soberanía nacional.
La Habilitante puede otorgarse sólo por un tiempo previamente establecido. Maduro ha pedido un año. Para lograrlo necesita la aprobación de tres quintos del parlamento, esto es, 99 diputados. Son 98 representantes pertenecientes al Partido Socialista Unido del presidente, por lo que un sólo voto a su favor por parte de la oposición bastaría para hacerlo realidad.
En su discurso, Maduro pretendió mostrar que en efecto, Venezuela se encuentra en tal estado de emergencia por dos motivos: corrupción al interior del estado y la amenaza que los intereses de las potencias mundiales en contra del socialismo suponen. Las palabras que durante casi tres horas dedicó a los legisladores del país consistieron en un aleccionamiento marxista a la vieja usanza, salpicado aquí y allá de citas de Aristóteles, Maquiavelo, Churchill, Derrida y Simón Bolivar.
De este modo, Maduro bosquejó la peligrosamente caricaturizada figura del burgués “apátrida”, “parasitario” y “desalmado” a quien declaró la Guerra a Muerte.
El presidente expresa esta iniciativa en el marco de una fuerte crisis económica, descontento social, huelgas al sur del país, agresiones del régimen a la libertad de expresión por medio del control del papel periódico y una escasez generalizada de productos de primera necesidad (incluyendo el papel de baño) debida a la dura e hiperburocratizada política de importación que la administración aplica a las comercializadoras nacionales y transnacionales asentadas en el país sudamericano.
En los últimos días, Maduro expulsó a los tres diplomáticos más importantes en Caracas y aprovechó para dar a conocer sus fuertes sospechas de la existencia de una conspiración llamada “Colapso total”, comandada por Estados Unidos y la oposición venezolana. Ellos, según el mandatario, son los verdaderos culpables del declive económico y descontento social.
Maduro no hizo explícita ninguna de las acciones que tomaría si se aprobara la aplicación de la Ley Habilitante, sin embargo, sí implicó algunos de sus intereses, entre los que se cuenta un control aún mayor sobre la prensa “domina la mentira y se devalúa la verdad” y la lucha contra la corrupción al interior y al exterior del partido por medio de una “nueva ética política” que hará efectiva por medio de la modificación de los mecanismos en la aplicación de las leyes penales. En efecto, el presidente advirtió que existen enemigos de la revolución aún dentro de su partido, a los que no dará tregua. En otras palabras, toda oposición al régimen no será tolerada y el código penal será rediseñado para garantizarlo.
No obstante, aun si Maduro no contara con el poder extendido de la Habilitante, las modificaciones a la ley necesarias para alcanzar aquellos objetivos podrían realizarse en muy poco tiempo, dada la aplastante mayoría de su partido en el Parlamento. Los expertos se preguntan cuál será la verdadera urgencia del presidente y qué cabezas exactamente rodarán primero.
Vía: El País, BBC
