Aunque no dio una razón específica, en medios de Brasil señalan que la decisión de Lula se debe a la forma en la que los medios públicos trataron la irrupción de simpatizantes del expresidente Bolsonaro a las sedes del gobierno.
Y, por lo que sea, pero el caso es que este fin de semana, el presidente de Brasil, Luis Inázio Lula da Silva le dio cuello a todos los directores de medios públicos del país. Esto lo hizo por medio de un decreto, dejando sin chamba a funcionarios que habían sido nombrados por el exmandatario, Jair Bolsonaro.
De acuerdo con Folha de Sao Paulo, fuentes del gobierno señalan que la decisión de Lula se tomó a raíz de los hechos reportados en Brasilia el pasado 8 de enero. Por la forma en que medios públicos lo reportaron, para ser más específicos.
Mientras que medios como O Globo calificaban a “vándalos” y “golpistas” a las personas que irrumpieron violentamente en el Congreso, el palacio presidencial y el Tribunal Supremo Federal, los medios públicos de Brasil simplemente decían que eran “manifestantes”.
De acuerdo con La Jornada, el gobierno de Lula da Silva optó por cortar a los funcionarios procedentes de la era Bolsonaro para, así, evitar que en los medios públicos del país pudieran difundirse ideas antidemocráticas e, incluso, que se diera un sabotaje de su parte.
El sabotaje al que temía el gobierno de Lula era de tipo “técnico”. Es decir, que los directores ordenaran interrumpir las transmisiones durante los mensajes presidenciales o que dieran una cobertura “radical” sobre lo que sucede en Brasil.
El gobierno de Lula da Silva no sólo teme ataques en medios. De acuerdo con medios brasileños, se prevé que haya más movilizaciones como las sucedidas en Brasilia el pasado 8 de enero, donde simpatizantes de Bolsonaro exigieron al Ejército encabezar un golpe de Estado. Esto, luego de invadir las sedes del gobierno.
“Ya hemos tomado algunas medidas para reforzar la seguridad en todo el país, desde que sabemos que circulan panfletos de nuevas manifestaciones”, aceptó el jefe de la Casa Civil de Lula da Silva, Rui Costa.
Luego del asalto a las sedes del gobierno fueron detenidas más de mil 500 personas. De acuerdo con un comunicado de la policía federal, de todas ellas, continúan en prisión 727, mientras que 600 fueron liberadas por “razones humanitarias” (principalmente personas enfermas y con hijos menores de edad).
