La constructora brasileña Odebrecht ha sido señalada por pagar sobornos para adjudicarse contratos por miles de millones de dólares en varios países de Latinoamérica y dos países de África. Entre 2001 y 2016 la empresa brasileña desembolsó 439 millones de dólares en sobornos a funcionarios, legisladores y políticos en Angola, Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala, Mozambique, Panamá, Perú, República Dominicana, Venezuela y, por supuesto, México, con la finalidad de asegurarse una ventaja indebida para obtener y mantener negocios en esos países. La cloaca se destapó en Brasil en 2015 en la operación conocida como Lava Jato (o lavado de autos), la cual expuso una red de autolavados en la que, irónicamente, también se lavaba dinero.
Quinientas personas y un centenar de funcionarios de diversos niveles del gobierno brasileño resultaron salpicados por el escándalo; Marcelo Odebrecht, dueño de la constructora más grande de América Latina, fue detenido a mediados de ese año y condenado a 19 años de cárcel en 2016. El empresario recibió una condena más corta debido a que aceptó contar las redes de corrupción que tejió a lo largo del continente y más allá. La trama de corrupción sacudió, en primera instancia, la escena política de Brasil en el más alto nivel: tanto el actual presidente Michel Temer, como los exmandatarios Dilma Rousseff y Luiz Inácio Lula da Silva se han visto implicados en el cochinero de Odebrecht. Temer y Rousseff habrían recibido dinero de la constructora para financiar sus campañas presidenciales. A Lula se le acusa de haber recibido sobornos y hasta un penthouse por parte de la compañía a cambio de contratos de Petrobras.
De acuerdo con las investigaciones, solamente en Brasil, se movieron 349 millones de dólares en materia de sobornos. Al igual que el empresario Marcelo Odebrecht, más de 70 funcionarios de la constructora empezaron a revelar información sobre a quiénes les dieron dinero a cambio de contratos. Todo esto con la intención de obtener sentencias menores.
En febrero de 2017, procuradores y fiscales de las naciones que han pedido Asistencia Penal a Brasil se adhirieron a un acuerdo de colaboración y cooperación jurídica para realizar las investigaciones del caso en conjunto. A este acuerdo se sumaron Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Perú, Portugal, República Dominicana y Venezuela. En Perú, el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia han sido relacionados con el caso; se les acusa de lavado de activos en detrimento del Estado y asociación ilícita para delinquir. Se les dictó prisión preventiva de 18 meses en lo que avanzan las averiguaciones. Otro de los alcanzados por el escándalo fue Alejandro Toledo, exmandatario peruano, quien ha sido acusado de recibir 20 millones de dólares como soborno por parte de Odebrecht. Toledo sigue prófugo. En este país se movieron 29 millones de dólares en el periodo comprendido entre 2005 y 2014. Al momento hay cuatro funcionarios detenidos.
La historia se repite en otros países de América Latina. En Colombia, por ejemplo, existe una denuncia contra el actual presidente Juan Manuel Santos, cuya campaña habría recibido un millón de dólares provenientes de sobornos de Odebrecht. De acuerdo con la Fiscalía General colombiana, la empresa brasileña habría absorbido, también, el costo de las campañas tanto de Santos, como de Óscar Iván Zuluaga, su rival en los comicios. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en este país se movieron sobornos por 11 millones de dólares entre 2009 y 2014 por la adjudicación de dos obras. Allá hay tres funcionarios detenidos por el caso. En República Dominicana se repartieron 92 millones de dólares y se investigan a catorce funcionarios y políticos. En Panamá, donde se pagaron 59 millones de dólares, entre 2010 y 2014, se han formulado cargos por blanqueamiento de capitales a 17 personas, entre las que se encuentran exfuncionarios y empresarios.
Este ejercicio se ha replicado en Venezuela, Argentina, Ecuador y Guatemala. El único país donde pareciera que no ocurrió nada es México. Acá no hay ni un solo detenido. Es más, ni siquiera han llamado a declarar a Emilio Lozoya, señalado directamente por tres exdirectivos de Odebrecht como parte de la red de corrupción. Mientras en otros países ha habido apertura e información continua sobre el avance de las investigaciones, en nuestro país las averiguaciones se han distinguido por su opacidad. La Procuraduría General de la República y Pemex reservaron el expediente hasta por un periodo de cinco años debido a que este “obstruye actividades relativas al cumplimiento de leyes, la prevención o persecución de éstos, y está bajo investigación de hechos”. Según la investigación del equipo de periodistas de Quinto Elemento Lab, Lozoya habría solicitado y recibido, entre abril y noviembre de 2012, 4 millones 100 mil dólares. Los directivos brasileños anticipaban que el miembro de la campaña del Enrique Peña Nieto tendría un papel clave en su gobierno. Al llegar a Pemex, Lozoya recibió otros seis millones de dólares a cambio de contratos.
Este martes 15 de agosto, Javier Coello Trejo, abogado de Lozoya Austin, comunicó que su cliente se presentará el jueves ante la PGR para declarar sobre el caso de los sobornos de la empresa Odebrecht. Según el defensor del exdirector de Pemex, hasta hoy recibieron el citatorio; en este encuentro se definirá si hay acusaciones o pruebas contra Lozoya. La PGR ha acusado que la Fiscalía de Brasil ha ido variando la fecha para entregarle información sobre el caso, además de que México rechazó un acuerdo con la empresa Odebrecht para sumarse a un acuerdo reparatorio, el cual significaría obtener información sobre los involucrados en esta trama, a cambio de reducir sanciones menores contra funcionarios y empresarios involucrados del otro lado.
