Desde hace muchos días las comunidades otomíes han estado protestando por el trazo de una autopista que afecta el lugar en el que viven y el patrimonio arqueológico de nuestro país.
Pero el gobernador panista Miguel Márquez Márquez ha dicho que el trazo de la autopista Silao-San Miguel de Allende no cambiará, pues ha sido autorizado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Además dijo que las 25 comunidades otomíes deberían «estar dispuestas a que mejoren las condiciones a través del sacrificio».
Añadió:
«Quien autoriza la afectación a estas comunidades otomíes o vestigios prehispánicos es el INAH. Si ya hizo el estudio correspondiente, tiene la última palabra. Toda obra causa incomodidades. Hasta uno en su casa, para remodelar, debe tener mucha paciencia»
(Aquí está el gobernador haciendo duckface)
Por otro lado, Magdaleno Ramírez Ramírez, presidente del Consejo Estatal Indígena denunció hace una semana que las autoridades estaban presionando a las comunidades a malbaratar sus tierras ¿qué tanto es malbaratar? ¿Qué tal les suena 7 pesos por metro cuadrado?
La autopista que dividirá a la comunidad también transgrede el artículo 35 de la Ley Indígena, el cual estipula que los pueblos tienen el derecho a ser consultados cuando se planteen medidas gubernamentales que los afecten. No es como si fueran niñitos y tanto el INAH como el Gobierno decidan lo que está bien o mal para ellos, ellos mismos saben lo que podría afectarlos y lo que quieren o no para sus comunidades.
Ramírez Ramírez expresó entonces:
«Queremos un diálogo serio y responsable con el gobernador Miguel Márquez Márquez; no queremos que esto se arregle detrás de un escritorio, que venga y vea lo que van a afectar»
El gobernador dijo que la autopista les beneficiaría a ellos y a los habitantes de San Miguel de Allende pues facilitaría el transporte de productos y los traslados en caso de emergencia.
Hay que resaltar que la que autorizó todo este proyecto fue Guillermina Guitiérrez Lara, la cual es ex delegada del INAH y que ahora, convenientemente, es directora de vinculación del gobierno del estado para atender asuntos de patrimonio histórico. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues esta señora aceptó el proyecto a pesar de que éste va a sepultar zonas arqueológicas y dividirá la ruta de 100 capillas de indios del siglo XVI.
Pero como la señora era delegada del INAH al dar el sí, el gobierno del estado dice: ¿Ya ven? Ella dice que sí, entonces vamos a demoler. ¡Qué peligrosa, entonces es la decisión de esta mujer! ¿No deberíamos ver la manera de que haya mecanismos para pasar a revisión la decisión de las autoridades culturales? Es que luego ponen a cada persona, sin ver su trayectoria o ver si será lo mejor para la institución (lo digo por el escándalo del otro día por los gastos de la CDI).
El gobernador debería saber que hay investigadores que han trabajado toda su vida con esas comunidades y que están en desacuerdo con la decisión tomada por la exdelegada de la institución, al igual que la nueva delegada del INAH, Gisela Cuén Garib, la cual ha advertido al gobierno estatal que el trazo, que Guillermina Gutierrez Lara autorizó, va a causar un grave daño a nuestro patrimonio histórico y cultural.
Además, la Secretaría de de Comunicaciones y Transportes ya lanzó la convocatoria para ver qué compañías serían las que harían la autopista, esto fue a pesar de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales negará la autorización del impacto ambiental en el 2012, y de que la obra no fue consultada con la comunidad otomí como lo estipula le Ley Indígena. Es decir, está super chueco el procedimiento para realizar dicha autopista.
El Frente Pro Patrimonio de San Miguel de Allende anunció que interpondrá un amparo para suspender la licitación ante la negativa del gobernador que se niega a hacer un nuevo trazo que no dañe a la comunidad otomí.
