¿Se acuerdan de la mujer indígena sentenciada por secuestro y que después de 3 años de estar en prisión vieron que era inocente?
****Actualización 28 de mayo. ¡Buenas noticias! El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa ordenó a la PGR que indemnice y reconozca públicamente la inocencia de la indígena otomí Jacinta Marcial, quien fue detenida en el año 2006 junto a otras dos mujeres por cargos falsos de secuestro (había dicho la PGR que entre esas 3 señoras habían privado de su libertad a 6 agentes de la, ahora extinta, AFI), por lo cual había sido sentenciada a 21 años de prisión (al final pasó más de 3 años en prisión por un crimen que no cometió).
El Tribunal ordenó a la PGR indemnizar a la mujer por los tres años perdidos y por el daño moral que le causaron al estar presa, además de las repercusiones morales y físicas.
Los magistrados concluyeron que el Estado mexicano incurrió en «actividad irregular», además de que esta resolución sienta un precedente sobre la reparación del daño en casos de personas que son presas injustamente.
Pero no todo es miel sobre hojuelas, la PGR todavía puede impugnar la decisión.
"Jacinta, tienes razón. La PGR hizo mal su trabajo por lo que se te va a indemnizar" establece el fallo de la #TFJFA
— Centro Prodh (@CentroProdh) Mayo 28, 2014
Todas las personas injustamente privadas de su libertad podrán acceder a reparación del daño. Este es un precedente histórico.
— Centro Prodh (@CentroProdh) Mayo 28, 2014
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En México hay mucha gente que pide pena de muerte a secuestradores, además de la polémica por lo radical de la pena, nuestro torcido sistema judicial podría sentenciar a muerte a personas inocentes, como el caso de Jacinta, quien perdió 3 años de su vida por un crimen que no cometió, debido a un proceso lleno de irregularidades.
Doña Jacinta vendía nieves en Santiago Mexquititlán, Querétaro, fue encarcelada injustamente y después de pelear por su libertad la PGR no ha reconocido su inocencia oficialmente y los responsables de los abusos cometidos contra ella no han sido sancionados.
¿Cómo fueron los hechos?
Doña Jacinta y otras dos ciudadanas de origen indígena, se encontraban vendiendo aguas frescas en un tianguis de Querétaro cuando fueron detenidas por, supuestamente, privar de la libertad a seis agentes de la PGR durante un enfrentamiento entre funcionarios de la Procuraduría y comerciantes informales, luego de que los policías habían intentado despojarlos de sus mercancías en un operativo que, por cierto, carecía de autorización.
Jacinta fue sentenciada a 21 años de prisión a través de un juicio en el que nunca se presentaron pruebas en su contra y en el que no tuvo traductor, violándose, de este modo, sus derechos humanos. Cuando la defensa de ella apeló la sentencia, demostró que a doña Jacinta se le estaba atribuyendo una declaración en español, cosa que no podía haber realizado.
Mostraron lo ridículo que podía haber sido que tres ciudadanas pudieran secuestrar a seis agentes preparados y armados. Además, en las declaraciones de los agentes nunca se menciona a doña Jacinta o a las otras dos mujeres inculpadas.
La inculpación residía en que Jacinta y las otras dos mujeres aparecen en una foto de un diario queretano que informaba sobre el enfrentamiento entre los policías y los comerciantes.
Pero el autor de la foto informó al juez que el supuesto secuestro nunca sucedió y que la foto registra las protestas de los comerciantes por un intento de robo por parte de los funcionarios de la PGR.
Como Jacinta vendía nieves, ni siquiera estaba envuelta en el grupo de comerciantes afectados por el «decomiso», solo estaba ahí, porque era el lugar en el que solía vender.
Por todas estas pruebas un Tribunal Unitario revocó la sentencia de 21 años de cárcel. Pero la PGR no ha querido indemnizarla por los daños materiales y morales contra su persona.
Por otro lado, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa ordenó a la PGR indemnizar y refrendar públicamente la inocencia de las otras dos ciudadanas indígenas. Pero la instancia que dirige Jesús Murillo Karam se negó a cumplir y realizó prácticas dilatorias de la justicia para no reconocer su mal proceder frente a Alberta y Teresa, las otras dos indígenas afectadas.
En entrevista con Sin embargo, Jacinta expresó:
«Yo pasé mucho dolor. Dejé de ver familia, mis hijos, mis nietos, no vi sus graduaciones y mis nietas ahora me preguntan: “abuela ¿qué te robaste, por qué te llevaron a la cárcel?”. Ellas no comprenden»
Para doña Jacinta el mayor dolor no fue ser discriminada en la prisión por ser indígena, sino que no pudo estar más tiempo con su hijo José Luis, el cual murió antes de que ella saliera de prisión:
«A los cinco meses que salí, mi hijo, el quinto, falleció en un accidente. Entonces yo sentí dolor, mucho dolor, porque me quitaron tres años y tres meses de estar con él, de verlo. Siento dolor porque pienso: esos que me acusaron de algo que no hice, están muy a gusto con sus familias, mientras que yo perdí tres años de estar con mi hijo, ya nadie podrá pagármelos»
***Vía Sin embargo
