¿Protegerá el Ifetel a los consumidores?
En el artículo octavo transitorio de la iniciativa de reforma a la ley secundaria en telecomunicaciones dice lo siguiente: El Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá determinar la existencia de agentes económicos preponderantes en los sectores de radiodifusión y de telecomunicaciones, e impondrá las medidas necesarias para evitar que se afecte la competencia y la libre concurrencia y, con ello, a los usuarios finales.”
La redacción final del párrafo tercero de esta artículo está muy claro, el IFT concentrará su preocupación por la competencia y los preponderantes, y los usuarios seremos los que estemos al final de su lista.
Los huecos que siguen navegando en la iniciativa de Peña y el dictamen promovido por el senador panista, Javier Lozano, siguen sin concentrar su prioridad en los ciudadanos.
Pero la pregunta es, ¿son las medidas regulatorias impuestas al preponderante un beneficio final para el usuario?
Si bien, el tema de la desincorporación de los agentes preponderantes y la apertura de mercados traerá consigo que los ciudadanos tengan la oportunidad de elegir lo que mejor les convenga. Sin embargo, la ley enviada por el Ejecutivo en su artículo 201 estipula que la Secretaría de Economía determinará las obligaciones específicas “que los licenciatarios han de observar en relación con los derechos de los usuarios”, cuando en debe ser el Ifetel el responsable de llevar a cabo esta tarea.
El IFT debería tener la autoridad de imponer sanciones disuasivas a los operadores que no cumplen con sus obligaciones, incluidas las que conciernen a los consumidores. También, la facultad para emitir regulaciones que protejan y fortalezcan a los consumidores de los servicios de telecomunicaciones y, más aún, que pueda imponer multas si los operadores las omiten.
Mientras este instituto no tenga las atribuciones que apelen a las demandas de los usuarios, será un órgano con función pasiva, que nada podrá resolver a los ciudadanos ante una crisis.
